Madrid. Unas 200 mil personas, según cifras de la delegación del gobierno, se manifestaron ayer en Madrid en defensa de la sanidad pública y contra un modelo que tiende a privatizar los servicios básicos y a desmantelar los centros de atención primaria, que son los que tienen el primer contacto con el paciente.

La marcha, una de las más multitudinarias de los últimos años, se convirtió en una desautorización pública a la gestión de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, la derechista Isabel Díaz Ayuso, por su modelo sanitario y por los recortes que ha aplicado.

Los principales sindicatos de médicos, enfermeros, personal administrativo de la sanidad pública madrileña y asociaciones de vecinos iniciaron las movilizaciones hace unos meses, cuando se activó el nuevo plan de atención primaria, en el cual se pretende convertir los centros clínicos de barrio en el primer encuentro con el paciente, incluidos los servicios de urgencia.

El problema es que después del colapso del sistema sanitario a raíz de la pandemia del covid-19, la saturación de los hospitales y el aumento de las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, pruebas médicas y análisis es cada vez mayor. Y, lo más grave, que resulta muy difícil encontrar médicos o personal para contratar, sobre todo porque desde hace tiempo se reporta una fuga masiva de profesionales a otros países en los que los salarios son mejores, como Reino Unido, Alemania y Francia.

El centro de Madrid se tiñó de blanco cuando centenares de miles agitaron pañuelos de ese color como símbolo de la defensa de la sanidad pública.

Las organizaciones convocantes de la manifestación, a la que también se sumaron los principales partidos de izquierda, el propio Ejecutivo central, del socialista Pedro Sánchez, y los grandes sindicatos del país, enviaron un mensaje de auxilio ante lo que denominaron un ataque sin precedente a la salud pública.

De acuerdo con sus datos, en la ciudad se congregaron más de 650 mil personas, si bien la propia delegación del gobierno, que pertenece a la administración central, rebajó la cifra a 200 mil.