Lima. El Congreso peruano realizó ayer un nuevo intento de destituir al presidente, Pedro Castillo, al aprobar en un comité un informe que recomienda acusarlo y procesarlo por el presunto delito de traición a la patria al considerar que su país podría conceder a Bolivia una salida al mar.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por 11 votos a favor y 10 en contra el informe que recomienda acusar a Castillo por traición a la patria e inhabilitarlo por cinco años, lo que implica dejar la presidencia.

La decisión de la subcomisión abrió las puertas para el inicio de un proceso de antejuicio presidencial, que debe cumplir con el debate por el pleno del Congreso para que se formule una acusación formal al mandatario.

El presidente del Parlamento, José Williams, invitó mediante una carta a Castillo a que exponga su defensa en un debate parlamentario el próximo día 16, en el que se votará la investigación.

No nos amilana a nosotros acá (la propuesta de la subcomisión), estamos por el país porque antes que todo está el ciudadano, y espero que el Congreso de la República actúe mirando al pueblo peruano, afirmó Castillo ante líderes del populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El informe se sustenta en una entrevista que brindó Castillo en enero a la cadena CNN en Español, donde no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.

Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste, respondió el mandatario ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de llegar a la presidencia en 2021.

Un día antes, el Poder Judicial admitió a trámite la acción de amparo presentada por Castillo contra el Congreso, con el fin de detener los procesos que el Legislativo lleva a cabo en relación con los presuntos actos de corrupción.

El izquierdista, que asumió en julio de 2021, ha sobrevivido a dos intentos de destitución del Congreso y enfrenta seis investigaciones fiscales por presunta corrupción.