El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Carlos Ulloa Pérez, aseguró ante legisladores del Congreso capitalino que se trabaja en una ruta jurídica que proteja el patrimonio de las personas que de buena fe adquirieron una vivienda en la alcaldía Benito Juárez sin saber que les vendieron inmuebles que no cumplen con los niveles máximos permitidos, al tiempo que sancione todos los actos de corrupción e ilegalidad de ese entramado administrativo que ha vulnerado la habitabilidad en la ciudad.

Al comparecer como parte de la glosa del Informe de gobierno, dijo que hasta el momento se han identificado 179 inmuebles –6.3 veces la construcción de Torre Mítikah– que no cumplen con las disposiciones aplicables, principalmente por los pisos máximos permitidos.

Aseguró que la ruta de corrupción que se halló en la dependencia ya cambió y ahora se aplica la ley con estricto apego, como en los polígonos de actuación y con acciones como el programa de certificados de uso de suelo por reconocimiento de actividad.

De este último, indicó que da certeza jurídica a micro, pequeños y medianos empresarios en sus establecimientos comerciales, y refirió que se han expedido ya 2 mil 95 resoluciones positivas.

Siempre que se ha otorgado, de acuerdo con todas las normas, el reconocimiento local, vecinal y zonal es uno de los más fuertes antídotos contra la discrecionalidad, la corrupción y la extorsión debido a que posibilita acreditar ante las autoridades de la ciudad y las alcaldías su legal funcionamiento.

Ulloa resaltó que en el sector de la construcción el valor de la producción está en 11.8 por ciento arriba de su nivel prepandemia, y de 2019 a la fecha se han autorizado 85 obras mayores y mil 215 menores, que significan una inversión de 93 mil millones de pesos y la creación de 224 mil empleos directos y 246 mil indirectos.

En cuanto a publicidad exterior, comentó que han sido retirados de manera voluntaria 83 anuncios en muros ciegos y envolventes, así como 112 espectaculares en azoteas; se comprometió a que antes de finalizar el año serán 300, y se han presentado 53 denuncias penales por incumplimiento. En muy poco tiempo los habitantes de la Ciudad de México podrán disfrutar del paisaje urbano limpio.