a bahía de Ohuira, situada en el municipio de Ahome, región norte de Sinaloa, además de ser un lugar considerado sagrado por el pueblo indígena yoreme-mayo, es el hábitat de trabajo de más de 4 mil 500 pescadores agrupados en una decena de cooperativas, que, a su vez, integran dos federaciones pesqueras. Paradójicamente, es en este espacio que, desde 2008, la compañía Gas y Petroquímica de Occidente SA de CV pretende construir una planta que produzca 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco, una segunda instalación para duplicar esta cantidad, y una tercera para producir metanol. Ante este proyecto, que amenaza directamente su subsistencia y la vida misma, integrantes del pueblo yoreme iniciaron un movimiento de resistencia, con las consignas ¡Aquí no!, ¡Sinaloa despierta!, dando la batalla jurídica y política durante estos años.

Precisamente, el 30 de octubre pasado, miembros del movimiento intentaron entregar un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su reciente gira por el estado, sin lograr su propósito, ya que, una vez terminado su discurso en favor de la planta, se escabulló a su camioneta para protegerse de las exigencias y airadas consignas de la gente que le exigía respuestas favorables para no matar la Bahía de Ohuira con el proyecto de muerte de la planta de amoniaco (Ismael Díaz Coutiño).

En esta ocasión, AMLO señaló: Se llevó a cabo una consulta para lo de la planta, no fue una imposición y la mayoría de la gente dijo sí nos conviene que haya fertilizantes en Sinaloa para mejorar la producción de alimentos.

Lo que el Presidente dejó de lado fueron las anomalías de la consulta, que abarcó comunidades que no serán directamente afectadas, mientras Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos han rechazado la construcción de la planta, por las afectaciones directas a sus modos de vida y ecosistemas de la laguna costera. Once comunidades –donde el impacto no será significativo, por su lejanía de la bahía de Ohuira, y donde el movimiento de resistencia detectó muchas irregularidades, como entrega de despensas, acarreos y compra de conciencias– sí dieron el consentimiento para su instalación. De igual forma, las comunidades fueron mal informadas respecto de las consecuencias ambientales y a la salud que tendrá su edificación y puesta en marcha. Tampoco mediaron estudios imparciales y peritajes sobre el posible impacto social, cultural y ambiental que ocasionaría la fábrica de amoniaco. Los parámetros que establece el Convenio 169, en relación con toda consulta indígena, esto es, que sea previa, informada, libre, de buena fe y culturalmente adecuada, no fueron respetados por las autoridades responsables. Por cierto, este fue el modus operandi de la consulta al Proyecto Integral Morelos (PIM), en la que votaron ciudadanos de entornos urbanos y rurales que no se verán afectados por el PIM.

Por su parte, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitió el 21 de febrero de 2014, a solicitud de la Semarnat, una opinión técnica negativa respecto del proyecto, aduciendo que se encuentra dentro del polígono del sitio Ramsar Lagunas de Santa María, Topolobampo, Ohuira, y en la zona de influencia del Área de protección de flora y fauna islas del Golfo de California, por lo que se recomienda que el proyecto no sea autorizado debido a que su desarrollo contravendría los numerales 4.5 y 4.16 de la norma oficial mexicana 022-Semarnat-20093 (sobre humedades) y la Ley General de Vida Silvestre. Este dictamen fue reconvenido por las oficinas centrales de la Comisión, que se sometió a intereses económicos y políticos de los gobiernos en turno, por lo que el 21 de abril del mismo año, la Semarnat, con la venia de la oficina nacional de la Conanp, autorizó el proyecto, sin tomar en cuenta el dictamen negativo de su oficina regional.

El Ejecutivo federal tampoco tomó en cuenta los procesos judiciales a los que recurrieron las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, en Sinaloa, mismos que fueron atraídos en 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que, en sentencia, ordenó la consulta indígena y ahora las comunidades esperan el dictamen de sentencia ejecutada.

Una semana después de la visita presidencial, el 6 de noviembre, el movimiento de resistencia realizó una marcha desde los Mochis hasta Ohuira, que concentró diversos contingentes de organizaciones del estado y de otros grupos solidarios, como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, representantes civiles e indígenas procedentes de Sonora, Chihuahua, Baja California y Michoacán.

El movimiento ¡Aquí No! representa la resistencia indígena y de la sociedad civil contra un proyecto que, como en el pasado, beneficia a las corporaciones capitalistas, en nombre del progreso y el desarrollo.