El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, cuestionado por su actuación en el feminicidio de Ariadna López, continúa en su cargo gracias a una suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en marzo pasado. El máximo tribunal aún tiene pendiente por resolver si procede su desafuero; el caso está en la etapa de análisis a cargo de la ministra Norma Lucía Piña Hernández.

Carmona Gándara fue nominado para el cargo en 2018 por el entonces gobernador Graco Ramírez para que ocupara el puesto por un periodo de 10 años, apenas meses antes de que iniciara el periodo del actual mandatario estatal, Cuauhtémoc Blanco.

El gobernador actual ha insistido en la necesidad de remover al fiscal, pero la única posibilidad para hacerlo se presentó en marzo del año pasado, cuando la Fiscalía General de la República lo acusó de enriquecimiento ilícito, con base en informes presentados por la Unidad de Inteligencia Financiera.

El fiscal morelense promovió entonces un amparo, del cual obtuvo una primera suspensión provisional para evitar ser removido del cargo.

En septiembre de 2021 se solicitó a la Cámara de Diputados que analizara si Carmona Gándara tenía fuero o no, a lo cual respondió que los fiscales estatales no tienen inmunidad procesal ante acusaciones penales del fuero federal.

Ante esto, al Congreso estatal promovió ante la SCJN la controversia constitucional 151/2021, que fue admitida a trámite por la ministra Piña, quien, sin embargo, le negó la suspensión del acto reclamado.

El Congreso morelense se inconformó de nuevo, por lo que en marzo de este año la segunda sala de la Corte revisó la decisión y resolvió otorgarle la suspensión.