Los términos pérdida y daño surgieron en la edición 26 de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en 2021 en Glasgow, cuando las naciones pobres, más vulnerables a los efectos devastadores del calentamiento global llegaron al foro con la consigna de que obtener un compromiso de las naciones ricas, responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, a compensarlos por las pérdidas y daños que dejan en sus territorios las catástrofes climáticas.

El diario The Guardian recordó ayer que pérdida y daño se refiere a “los costos económicos y no económicos irreversibles de eventos climáticos extremos, como huracanes, canículas, sequías, incendios, así como otros desastres más lentos como el aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares.

Se trata de que los países que más contaminan por su uso de combustibles fósiles se responsabilicen por el dolor y sufrimiento que otros padecen y financien su mitigación y prevención.

Los países desarrollados son causantes en mucha mayor medida de las crisis climáticas, pero son las naciones en vías de desarrollo las que pagan las consecuencias.

África, que padece hambruna, estados insulares en peligro de desaparecer a consecuencia de temporales e inundaciones, y otras naciones vulnerables se sienten con el derecho moral de exigir reparaciones a las naciones ricas que están muy reticentes a acceder a esto, que no sería una ayuda o inversión, sino un compromiso por cuyo incumplimiento podría haber consecuencias.

El pago por pérdida y daño fue impulsado por el llamado G-77, que representa en total a 130 naciones y a 85 por ciento de la población mundial.