Desde la década de 1970, el desplazamiento forzado interno es un problema en México, el cual se exacerbó a partir de 2007 por la guerra contra el crimen organizado desatada por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa. Aunque las autoridades reconocen la gravedad de la situación, hasta ahora no existe una política nacional que la atienda, advierte un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado.

El estudio señala que existe un dictamen aprobado por la Cámara de Diputados en 2020 para crear una ley en la materia, pero sigue pendiente en la cámara alta.

El documento refiere datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según los cuales hasta 2020, más de 262 mil personas habían cambiado sus domicilios de forma interna por problemas de inseguridad y violencia.

La mayoría de casos

De acuerdo con el estudio Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, sólo en el periodo de enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia, que obligaron a más de 75 mil personas a desplazarse internamente.

En ese lapso, siete estados de la República concentraron 91 por ciento de los casos: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.

También destaca que sólo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.

Con la finalidad de evaluar la ­situación de los derechos ­humanos de las personas en situación de ­desplazamiento forzado interno por factores de violencia, conflictos agrarios, proyectos de desarrollo y desastres, del 29 de agosto al 9 de septiembre pasados, estuvo en ­México Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los ­Derechos Humanos de los ­Desplazados ­Internos de Naciones Unidas.

El informe se presentará en junio próximo; no obstante, la relatora hizo un llamado urgente a las instituciones de gobierno para que creen leyes de prevención del desplazamiento y protección a las víctimas.

También señaló la necesidad de contar con un registro federal de víctimas de desplazamiento para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención.