La discusión en el Senado de la iniciativa para sustituir de manera gradual el uso de plaguicidas altamente tóxicos y peligrosos para la salud y los ecosistemas, entre ellos el glifosato, se da en medio de presiones de las trasnacionales y los grandes productores agrícolas por frenarla, pero también con resistencias de algunos senadores de Morena, que se han confrontado ya por ese tema y con la opinión en contra de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Las discrepancias entre los presidentes de las Comisiones de Salud, Lilia Margarita Valdez, y Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino, han trascendido y aunque se llegó al acuerdo de que el dictamen se discuta el próximo día 14, no hay certeza de que se apruebe.

La senadora Valdez hizo notar que a finales de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para que se prohibieran algunas sustancias muy tóxicas y venenosas, como el glifosato, que generan enfermedades renales y cancerígenas, pero debido a la pandemia de covid-19, no se pudo legislar sino hasta ahora, y lo harán pese a las presiones indebidas que han recibido.

Su compañera de bancada, Ana Lilia Rivera, autora de una de las iniciativas dictaminadas, reveló que hay una fuerte campaña de desinformación por parte del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que agrupa a los grandes productores, en la que se afirma que con la prohibición de agroquímicos habrá desabasto de alimentos y se generará hambruna en el país, lo que es absolutamente falso.

Denunció que las empresas trasnacionales de la alimentación y los grandes productores se han amparado contra el decreto presidencial porque éste no tiene un fondo legal que lo acompañe. Son más de 40 amparos y esas empresas ya han ganado por lo menos dos, por lo que es urgente aprobar esa iniciativa que prohibe gradualmente el uso de plaguicidas con el fin de sustituirlas por otros bioinsumos sostenibles, resaltó la senadora Rivera.

Expuso que hubo un parlamento abierto y el dictamen se modificó para empatarlo con la fecha establecida en el decreto presidencial, con el objetivo de que la sustitución gradual del glifosato y los demás plaguicidas tenga como plazo enero de 2024. Recordó que en varios países está prohibido, debido a sus drásticos efectos en el medio ambiente y la salud.

Al respecto, los senadores José Narro Céspedes, José Antonio Alvarez Lima y César Cravioto comentaron que la mayoría de los legisladores de Morena respaldan esa iniciativa para disminuir de manera gradual el uso de esos agroquímicos venenosos y sustituirlos por otros que mantengan la producción y sean seguros para los seres humanos y el ambiente.

Una de las voces discordantes es la del senador Rafael Espino, quien en septiembre asumió la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. En entrevista, rechazó que él haya frenado la discusión, como se señala al interior de la bancada de Morena. Dijo que no está de acuerdo con el dictamen, porque de entrada no se consultó a los productores ni se mandó a la Comisión de Agricultura y no cuenta con los estudios científicos y técnicos que demuestren que no se expondrá a los productores a una situación de vulnerabilidad.

Incluso, consideró que deben analizar si el decreto del presidente López Obrador en algún momento llega a generar más daños que beneficios.

Por su parte, la senadora Valdéz comentó que la mayor parte de las dependencias del gobierno federal respaldan el proyecto de dictamen, excepto la Sader, que les presentó dos posturas contradictorias, una a favor y otra en contra.

Esta última la firma la abogada general de Sader, Rosa Chavez, y se advierte que la medida impactaría a la seguridad alimentaria, ya que hasta ahora las alternativas al glifosato son muy limitadas, menos eficientes y más costosas. La Sader demanda que antes de cancelar su uso, se sustente científicamente que daña la salud humana y el medio ambiente.

La Secretaría se encuentra a favor de la sustitución cuando existan productos eficientes para cambiar al glifosato.