El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, preparara una reforma a fondo a la Ley Minera, con miras a reducir los años de vigencia de las concesiones a 15 años, en lugar de los 50 ahora establecidos, los que incluso pueden duplicarse, poner candados para que los empresarios no se apropien de las tierras en que explotan los minerales y establecer como causales de revocación o cancelación de los permisos de exploración y explotación el contaminar el medio ambiente y violar los derechos laborales de los trabajadores.

El legislador y dirigente nacional del Sindicato Minero propone asimismo que en la nueva legislación se prohíba la explotación de minerales en áreas naturales reservadas, ya que en la actualidad hay 68 desarrollos en ese tipo de zonas restringidas, 11 altamente contaminantes, por lo que es necesario evitar que se sigan otorgando concesiones a fin de proteger y preservar el medio ambiente y el derecho a la recreación cultura e identidad de los pueblos indígenas.

El proyecto de reforma, que puso a discusión al interior de la Comisión de Minería del Senado, hace notar que en México la regulación para la entrega de concesiones para explotar metales y minerales es muy laxa y posibilita que los empresarios obliguen a los trabajadores a laborar en condiciones de riesgo, provoquen, casi en total impunidad destrozos ambientales y su contribución fiscal sea mínima.

Obtienen grandes utilidades, y es por ello que dos de los hombres más ricos del país y del mundo se dedican a la explotación minera. No sólo tributan muy poco por la extracción de metales y minerales, además se apropian de los terrenos que les fueron concesionados y realizan negocios inmobiliarios, turísticos o enajenan las tierras, que son propiedad de la nación.

Al respecto, propone que, de entrada, las concesiones se otorguen por tres años para la exploración y por 15 para la explotación, y no hasta por 100 años, ya que la vida productiva de una mina en extracción es de 10 a 30 años. Aunado a ello, se prohíbe la transmisibilidad y entrega por herencia de las tierras, que la actual ley permite.

En la propuesta de reforma del senador Gómez Urrutia se advierte que la mayoría de los empresarios actúan con negligencia e impunidad, al amparo de la Ley Minera, la que deberá establecer, de entrada, que entre los requisitos para obtener una concesión esté que el solicitante no tenga antecedentes de daño al medio ambiente o de violaciones a los derechos de los trabajadores y las comunidades en que se asientan.

En caso de que se incurra en alguno de esos supuestos durante la explotación minera, la concesión se revocará.

Otro requisito fundamental para otorgar una concesión será presentar un manifiesto de impacto ambiental, a fin de conocer los posibles efectos de las actividades de exploración y explotación, así como determinar cómo reparar minimizar y compensar el daño a las consecuencias negativas probables.