Morena primero tendrá que negociar la reforma electoral con su aliado, el PT, el cual no está convencido de reducir el financiamiento público para las fuerzas políticas ni de la elección de diputados y senadores por listas estatales, como plantea la iniciativa del Ejecutivo, entre otros puntos, pues ello podría redundar en su achicamiento y hasta en su posible desaparición.

De hecho, la propuesta de cambio legislativo del PT sólo coincide con la del presidente Andrés Manuel López Obrador en que debe impulsarse el voto electrónico y la paridad de género en las candidaturas.

Tanto el mandatario como el Partido del Trabajo presentaron sus iniciativas el mismo día –28 de abril–, de manera que la agrupación aliada de Morena entregó a la Cámara de Diputados la suya sin conocer con precisión los planteamientos que haría el Presidente.

El documento petista contempla llevar a la Constitución algunos de los lineamientos y programas pilotos que ha puesto en marcha el Instituto Nacional Electoral (INE) en acatamiento a resoluciones del Tribunal Electoral o ante la falta de una ley secundaria. Por ejemplo, propone incluir en la Carta Magna el derecho al voto de las personas en prisión preventiva que no han sido sentenciadas y la paridad de género en la postulación a cargos de elección popular unipersonales, como las gubernaturas.

También sugiere la paridad en la integración de las cámaras del Congreso de la Unión, los congresos locales y ayuntamientos, pero acota que el ajuste en la composición final debe hacerse de manera coordinada entre la autoridad administrativa y el partido político de que se trate.

De igual manera establece las acciones afirmativas en el acceso a puestos de elección popular, a fin de incluir a grupos vulnerables discriminados.

La iniciativa del PT conserva el requisitos de 3 por ciento de la votación federal para mantener el registro como partido político, pero si eso no se logra, acota que podrá conservarse la membresía si se obtiene al menos 3 por ciento en la mitad más uno de los estados donde se haya desarrollado una elección concurrente.

En su proyecto no aborda ninguno de los temas torales de la propuesta presidencial: reducción de financiamiento, transformación del INE, elección de consejeros por voto popular, desaparición de tribunales e institutos electorales estatales, elección de diputados y senadores con listas por entidad federativa y reducción de legisladores y de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías.