omo hemos reiterado en este espacio, la crisis de violencia que se ha instalado en el país es de carácter multidimensional y afecta a casi todos los ámbitos de nuestra vida. La atmósfera social y cultural de esta época, caracterizada por la crispación y el desencanto exacerbados por el aumento de la pobreza y la desigualdad, ha tensado nuestros entornos sociales predisponiéndolos para que la natural conflictividad que entraña la convivencia humana derive en violencia cada vez con mayor frecuencia y de formas más cruentas; por ello la violencia requiere una atención integral y multidisciplinar ya no sólo en el campo de la seguridad pública, sino desde todas las dimensiones y espacios de la vida social, comunitario, familiar y educativo, entre otros.
El ámbito universitario y los espacios educativos en su conjunto merecen especial consideración en la agenda de atención de las violencias, ya no sólo por su potencialidad de incidencia en la prevención, a través de sus procesos formativos, sino también porque se han convertido en espacios de expresión y reproducción de las violencias, que han motivado también una importante dinámica de expresión y movilización estudiantil, exigiendo a las instituciones garantías de efectiva vigencia de condiciones de seguridad y equidad en los espacios educativos.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) publicada en 2021 reveló que 32.3 por ciento de las mujeres consultadas han experimentado violencia a lo largo de su vida en el ámbito educativo, un incremento de 7 por ciento frente a 2016. Destaca también 66.9 por ciento de la violencia en el ámbito escolar se experimenta dentro de las instalaciones educativas, y sólo 18.8 por ciento de las mujeres tienen conocimiento de la existencia de protocolos o medidas para la atención de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar.
Las cifras de la Endireh son consistentes con la experiencia empírica en el entorno educativo mexicano de los últimos años, que ha motivado una creciente movilización estudiantil en el país que ha evidenciado como uno de los mayores pendientes de las instituciones de educación superior (IES) la urgente atención de las violencias en el ámbito universitario, especialmente la violencia de género. Movilizaciones como las de 2020 en Puebla, y las más recientes en la UNAM o la UDG, han planteado en común retos que deben ser gestionados por las instituciones y comunidades universitarias, respecto de los que hoy se advierten muy escasos avances.
Ya en las observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México a cargo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), publicado en 2018, se externaba la preocupación por la falta de mecanismos eficaces de prevención, sanción y erradicación de violencia en las escuelas. En respuesta, la Ley General de Educación Superior, principalmente en sus artículos 7, 42 y 43, insta a las IES a atender las violencias, especialmente la dirigida contra mujeres y niñas, mediante la prevención, la elaboración de diagnósticos, programas y protocolos; la creación de instancias que operen dichos protocolos y la incorporación de contenidos educativos con perspectiva de género que fomenten la igualdad sustantiva.
Los nuevos ordenamientos legales que las instituciones educativas deben acatar suponen sin duda importantes desafíos para las comunidades educativas y sus instituciones; en particular la adopción de una perspectiva multidisciplinar para diagnosticar y comprender cabalmente la complejidad de las violencias, así como retos organizativos muy profundos para transversalizar la perspectiva de género y materializar condiciones efectivas de igualdad sustantiva. Sin embargo, es preciso advertir que ello no será suficiente para erradicar las violencias; por un principio de honestidad intelectual es necesario reconocer que los márgenes de acción de las instituciones educativas y la eficacia de su acción se han transformado sustancialmente en los últimos años. Por ello es crucial extender la dinámica de diálogo interdisciplinar y reivindicar el primerísimo lugar de prioridad que la atención de las violencias debe tener desde los espacios educativos hacia el resto del cuerpo social, con sentido de corresponsabilidad de los actores sociales ante las violencias que se suscitan en los ámbitos educativos y universitarios, como reflejo de las violencias normalizadas en nuestra cotidianidad.
Frente a la crisis de violencia en el país, las IES están llamadas a identificar en su justa dimensión la problemática mediante una comprensión integral de las violencias y su cabal medición. Están convocadas a la adopción de protocolos y normativas armonizados con los estándares internacionales sobre derechos humanos, que delimiten el actuar de nuestras instituciones frente a los casos de violencia dentro como fuera y que afectan el tejido no sólo de las comunidades estudiantiles, sino de la sociedad en general, y están llamadas a la creación de instancias y mecanismos sólidos y eficientes para garantizar la igualdad sustantiva de género y el diseño de estrategias eficaces de prevención, a través de un esfuerzo incansable y creativo de información y diálogo permanente entre los integrantes de nuestras comunidades, así como a través de dispositivos de formación que consoliden pisos comunes de valores y competencias apropiadas entre los integrantes de la comunidades educativas.
Esa es quizá la mayor apuesta civilizatoria que la sociedad mexicana está invitada a hacer de cara al futuro mediato; está en juego, no sólo la seguridad e integridad de nuestras infancias y juventudes, sino la viabilidad misma de la justicia, la igualdad y la dignidad entre nosotros.
