Senadores del PRI demandaron al gobierno federal un programa integral para la atención de más de 350 mil víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI) en el país, la mayor parte de ellos indígenas o habitantes de zonas rurales, que han debido abandonar sus casas y territorios por ataques del crimen organizado, están en la indefensión total y su situación es muy crítica.

La senadora Silvana Beltrones recalcó que el reporte global 2021 del Centro de Monitoreo sobre Desplazamiento Interno identificó 9 mil 700 nuevos desplazamientos dentro del territorio nacional en 2020 y señala que en México la violencia continuó sin cesar a pesar de la pandemia del covid-19.

Destacó que los enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana en el municipio de Zirándaro, en el estado de Guerrero, provocaron que cerca de 3 mil residentes abandonaran esa región, para huir de la violencia entre los grupos criminales, por lo que dejaron pueblos enteros despoblados, casi como fantasmas.

Recordó que en el Senado está pendiente desde hace dos años la minuta de la Cámara de Diputados por la que se expide la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.

Su objetivo, dijo, es reconocer y garantizar los derechos de las personas en situación de DFI, así como determinar las competencias de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas a este problema. Para ello, se prevé la creación institucional de un mecanismo y registro nacionales de personas desplazadas.

Es necesario aprobar esa ley, pero en tanto, recalcó la senadora priísta, es imprescindible que el gobierno federal ponga en marcha un programa con elementos de seguridad para las comunidades desplazadas, tanto en su tránsito como en su lugar de circulación, darles atención alimentaria y sanitaria, así como procurar e alternativas laborales.

Insistió en que las víctimas en su mayoría no han sido atendidas, continúan en situaciones que se vuelven cada vez más críticas, ya que se vulneran los derechos humanos de cientos de familias, porque las soluciones esgrimidas por las instituciones a cargo no han generado resultados inmediatos ni políticas públicas de mediano o largo alcance y el problema sigue creciendo.

Es el caso, dijo, de 23 personas originarias de la localidad Puerto Lobos, del municipio de Caborca, Sonora, dedicadas a la pesca o a la agricultura; vivían en situación de pobreza, sin servicios básicos como luz eléctrica y tuvieron que salir de la comunidad también por la violencia generada por grupos armados en junio de 2020.

Su propuesta es analizada ya en la Comisión de Gobernación del Senado.