El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), las confederaciones Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y de Cámaras Industriales (Concamin) y Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), así como otros organismos del sector privado expresaron su preocupación por la reforma electoral, pues consideraron que la iniciativa pone en riesgo al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral.

El organismo cúpula dirigido por Francisco Cervantes Díaz señaló que desde hace décadas México ha construido una mejor democracia, la cual se caracteriza por ser un sistema representativo que refleja la pluralidad ciudadana y autoridades comiciales confiables e imparciales.

Nuestros organismos electorales, tanto el INE como el tribunal han sido determinantes para consolidar la confianza y estabilidad de nuestros comicios. La democracia en México, subrayó, se ha logrado gracias a la existencia de esos organismos autónomos, así como por la participación de miles de ciudadanos en los procesos. Expresamos nuestra convicción de que hoy ya contamos con autoridades plenamente confiables en su transparencia, imparcialidad, certeza y eficacia para la celebración de las elecciones, indicó.

La Coparmex entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una carta firmada por su dirigente nacional, José Medina Mora Icaza, así como por los líderes de los 68 Centros Coparmex, en la que exigen a los legisladores no aprobar una reforma constitucional que ponga en riesgo la democracia, así como la autonomía e independencia del INE y del TEPJF.

En México hemos desterrado la sospecha de los fraudes electorales y hemos dado paso a procesos democráticos con los cuales vivimos, lo que tiene su origen en la existencia de órganos comiciales autónomos e imparciales que actúan con apego estricto a la ley, dijo la Concamin por separado.

El organismo dirigido por José Abugaber Andonie señaló que tanto el INE, como el tribunal electoral cuentan con el aval de la mayoría de la población.

Por su parte, la Canacintra recordó que la Comisión de Venecia concluyó que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal genera altos riesgos, al no ofrecer garantías de imparcialidad e independencia de las autoridades electorales.