Una ola de reformas tributarias toma forma en la región más desigual del mundo, impulsada por gobiernos que emergieron de las urnas durante los últimos doce meses bajo banderas progresistas. Chile y Colombia se encuentran en el proceso y discusión de modificar sus sistemas tributarios para abordar, al menos de manera simbólica, la anquilosada concentración de la riqueza en América Latina.

Más allá de las particularidades de cada reforma, los impuestos a la riqueza y el gravamen progresivo sobre los ingresos son la parte más importante de ambas iniciativas, explican especialistas. A diferencia de Argentina que con la pandemia de covid-19 llamó a un impuesto solidario de emergencia sobre las grandes fortunas, Chile y Colombia pretenden fijar en sus leyes, a mayor plazo, este tipo de contribuciones.

La valía de ambas reformas está en lo general, porque enfrentan fuertes problemas que no son políticos. En sí mismas se ven presionadas para salir adelante, tanto por tiempos como por expectativas, dado que los motores de crecimiento en ambas economías no alcanzan para impulsar las modificaciones, explica Raúl Porras, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

En el caso de Colombia, la propuesta inicial ha tenido algunas modificaciones, al grado que se ha reducido a 20 billones de pesos colombianos (79 mil 404 millones de pesos mexicanos) su capacidad de recaudación. Se ha desprendido de los gravámenes a las pensiones; se han ajustado las sobretasas en impuesto sobre la renta (ISR) al sector de hidrocarburos –que estará atado al precio internacional de las materias primas–, mientras se mantiene la prohibición de deducir las regalías.

La reforma tiene más que todo un objetivo recaudatorio, no busca promover la producción, explicó Enrique Daza, director del Centro de Estudios del Trabajo de Colombia. En entrevista, detalló que la propuesta promueve un aumento en impuestos directos, especialmente a las personas naturales (físicas), así como a las pequeñas y medianas empresas.

Por ejemplo, la tasa efectiva de ISR a las pequeñas empresas puede llegar a 35 por ciento, pero para las grandes puede ser menor porque se mantienen varios beneficios tributarios para sectores como el turismo, amplió Daza. También contiene un incremento en el impuesto al valor agregado (IVA) sobre alimentos ultraprocesados, que si bien se presentan como impuestos saludables, finalmente los termina pagando la población de menores ingresos.

En el caso de Chile, se busca recaudar el equivalente a 4.1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en los próximos cuatro años. Entre las piezas angulares de la reforma se encuentran un aumento a las contribuciones que paga 3 por ciento de la población con mayores ingresos, el impuesto a la riqueza, así como una baja en la carga tributaria de las empresas, de 27 a 25 por ciento, si se comprueba que invierten en infraestructura y maquinaria para la producción.

Otro de los principales puntos en la discusión chilena es el royalty minero. Hasta ahora la minería, una de las principales actividades económicas del país, se grava con ISR sobre su utilidad de operación, las modificaciones proponen mantener ese impuesto y agregar un cobro sobre el valor de las ventas del mineral (el cobre es la principal extracción del suelo chileno, pero en muchas es líder a nivel mundial), es decir, que también se incorpore el precio internacional de la materia prima.

Sobre los impuestos al patrimonio o a la riqueza, en Chile alcanzarían a 6 mil 300 personas en un país de casi 20 millones; se prevé una tasa progresiva de 1 a 1.8 por ciento en patrimonios por arriba de los 5 millones de dólares (alrededor de 99.5 millones de psesos mexicanos). Mientras en Colombia, se busca gravar con tasas progresivas de 0.5 a 1.5 a los patrimonios por arriba de los 3 mil millones de pesos colombianos (alrededor 11 millones 800 mil mexicanos), así como duplicar a 20 por ciento la tasa sobre dividendos o participaciones en trasnacionales.

Los gravámenes al ingreso y a la riqueza (en las propuestas impulsadas por los gobiernos de Gustavo Petro, Colombia, y Gabriel Boric, Chile) son importantes por ser las primeras propuestas de este tipo en América Latina y con carácter progresivo (...) lo cual puede llegar a ser más equitativo en términos fiscales que aplicar de manera generalizada el IVA al consumo, consideró Porras.

No obstante, hay una parte medular del sistema económico predominante que sigue sin ser tocada, agregó. Si bien estas reformas pretenden gravar al que más tiene, en la práctica se orientan al sector de bienes y servicios, dejan de lado, o al menos no se especifica, al sector financiero, que es el principal responsable de impulsar el modelo económico ortodoxo, dijo el investigador de la UNAM.

Luis Moreno, coordinador de justicia fiscal de Latindadd (Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social), explicó que se requiere modificar la estructura de regalías e ingresos al gran capital, y en ello avanzan ambas iniciativas, pero se enfrentan a la reticencia de las corporaciones cuyos privilegios fiscales han sido blindados con los tratados de libre comercio.

En el caso de Colombia, ya empresas de grandes gremios empresariales norteamericanos han enviado una carta para pedir que esta reforma no se aplique y que de no ser así van a ir a tribunales de justicia para judicializar los casos a nivel internacional, sobre todo en el sector minero y petrolero, ejemplificó.

El investigador de Latindadd consideró que en Chile y Colombia las manifestaciones del pueblo han puesto en realce las necesidades de avanzar en el financiamiento de los sistemas de protección social, salud, educación, vivienda, desde antes de la pandemia, pero en general, toda América Latina y El Caribe arrastra la necesidad de reformas tributarias progresivas.