En 1992 se reformó el artículo 27 constitucional para, entre otras medidas, cancelar el reparto agrario y permitir que la propiedad social entrara al mercado de tierras. Múltiples organizaciones campesinas y estudiosos del mundo rural vieron en la nueva norma una agresiva contrarreforma agraria.

Han pasado 30 años desde entonces y se han producido cambios profundos en el mundo rural. Lejos de vender sus ejidos y comunidades, los labriegos han ideado formas para conservarlos. Sin embargo, ello no ha evitado que alrededor de 5 por ciento de las tierras campesinas hayan sido adquiridas por propietarios privados (sobre todo en zonas urbanas, turísticas y de riego) y que grandes consorcios agroindustriales renten las mejores parcelas.

La Jornada ha preparado una serie de reportajes en varias regiones del país y entrevistas con actores claves que dan cuenta de estas transformaciones. Esta es la primera parte de estos materiales.