Mexicali, BC., Organizaciones de la sociedad civil de Baja California denunciaron a la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM), la cual, aseguraron, se convirtió en filtro que impide el tránsito de personas por aeropuertos de esta frontera y mantiene opacidad en las detenciones.

La principal labor de la corporación federal, afirmaron, es evitar que los migrantes crucen la frontera con California.

Señalaron que personal del INM y de la Guardia Nacional revisan a todo pasajero que llega a Baja California en vuelos comerciales, y ante la sospecha de que sean extranjeros que pretenden adentrarse a Estados Unidos, los detienen para ingresarlos a instalaciones federales y enviarlos a Tabasco.

La directora de Cobina, Altagracia Tamayo, dijo que esto ha empeorado en las terminales aéreas internacionales, en particular en la de Mexicali, pues los agentes que los detectan los detienen y trasladan a Tijuana para que sean procesados y expulsados, a pesar de portar documentos migratorios de México e incluso un boleto de avión.

Tamayo, encargada de los albergues La Posada del Migrante, se pronunció porque el gobierno federal instruya al INM a erigir un portal actualizado de los centenares de detenciones mensuales que son enviados al sur de México para que, a su vez, sean deportados. De esa manera, familias y organizaciones podrían conocer quienes son los detenidos y las causas; además, que se inhibiría la arbitrariedad de los agentes y corporaciones.

Advirtió que en la actualidad 83 por ciento de los refugiados en albergues son mexicanos que fueron obligados a salir de sus comunidades por la violencia y la presencia del narcotráfico, sobre todo en Guerrero y Michoacán.

Aun así, se estima que en esta ciudad hay dos mil migrantes que esperan cruzar a Estados Unidos. Antes, dijo, había un fondo que apoyaba con gastos de luz y renta a los albergues pero se canceló en la presente administración.

Es lo mismo con los partidos rojos, azules, amarillos o guindas, pues las organizaciones civiles hacemos el trabajo de atención a migrantes, una responsabilidad que tiene el Estado y la olvida ante la insensibilidad de quienes tienen poder en tres o seis años, comentó.