La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó que acompaña las reformas y adiciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal para garantizar el derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad en el país, aprobadas el jueves por la Cámara de Diputados.

Destacó que las modificaciones coinciden y se armonizan, de manera sustantiva, con lo solicitado por esta comisión en la Recomendación General 44/2021:

Establecer que la autoridad penitenciaria deberá celebrar convenios de colaboración para garantizar la certificación de la capacitación para el trabajo y que los procesos de capacitación cuenten con reconocimiento oficial de competencia ocupacional o su equivalente en las entidades federativas.

En este sentido, señaló que ha recibido información de los sistemas penitenciarios estatales de Baja California Sur, Colima, Chiapas, estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro, Michoacán y Yucatán sobre las acciones que se han puesto en práctica para que las personas privadas de la libertad accedan a la capacitación para el trabajo.

La CNDH hizo énfasis en el sistema penitenciario de Jalisco, que, de manera específica, ha referido sobre la impartición de la licenciatura de derecho y la certificación en materia de arbitraje, a favor de dichas personas.

Confió en que las reformas aprobadas por los diputados contribuirán al impulso del cumplimiento de la citada recomendación general por parte de los demás sistemas penitenciarios federal y estatales, en tanto que dichas acciones de capacitación ya no quedarán al arbitrio de su gestión de las autoridades penitenciarias y corresponsables en la materia, generándose como una obligación establecida en la ley.

El organismo subrayó que acompañará este trabajo legislativo y estará atento a que los senadores generen acciones que enriquezcan su contenido, considerando lo dispuesto en la recomendación general.