Acapulco, Gro., Inés Fernández Ortega pidió durante la última audiencia de su caso que el juez dicte una sentencia de por lo menos 30 años de cárcel contra Humberto García de León, uno de los militares que me agredió sexualmente y me torturó hace 20 años en el municipio de Ayutla.

El lunes a las 13 horas se inició la comparecencia de la mujer indígena en el segundo juzgado de distrito en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación de Acapulco. Fue la última antes de que el juez emita el fallo.

Una hora después, al concluir, Rogelio Téliz García, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, refirió que la defensa de García de León solicitó sentencia de libertad, con el argumento de que no se acreditaron los delitos por los que Inés Fernández denunció a los soldados, además de que no hay pruebas científicas de la agresión.

Insistió en que para nosotros tendría que ser sentencia condenatoria, pero la parte defensora podría recurrir a un recurso de apelación y en segunda instancia a un recurso de amparo.

Téliz García puntualizó que fue una diligencia importante del proceso penal que se inició en 2013 y culminará con la sentencia, que podría emitirse en 15 días, pero se trata de un caso complejo, pues tiene que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

Por su parte, Inés Fernández insistió en que se condene a su presunto agresor, detenido en 2013. Lo pido como víctima, porque así se hace justicia a todas las mujeres indígenas que han sido víctimas de violaciones a sus derechos. No quiero que otras mujeres pasen por lo mismo que yo. Han sido muchos años de lucha. Lo que pido es justicia, insisto: no sólo para mí, sino para todas las indígenas.

El abogado narró que en 2002 Inés Fernández, pobladora del municipio de Ayutla, fue víctima de tortura sexual por parte de elementos del Ejército Mexicano.

Hubo hostigamiento del Ejército y amenazas para que doña Inés desistiera de su acusación, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue el único tribunal internacional que la escuchó, creyó en su declaración y revisó las pruebas, luego de que autoridades mexicanas hicieron caso omiso de las acusaciones, dijo.

Debido a ello, explicó, el 30 de agosto de 2010 la Coridh condenó al Estado mexicano a la reparación del daño y a que los dos soldados fueran encarcelados y juzgados por el fuero civil por los delitos de violación, tortura y allanamiento de morada.

Uno de los responsables, Salvador Aguilar Otáñez, murió en una riña en la cárcel militar número uno, mientras García de León continúa detenido en el campo militar número uno.