Ante una posible reforma electoral que incluye la propuesta de eliminar los institutos electorales estatales, seis de ellos siguen en situación de riesgo alto, principalmente por la insuficiencia presupuestal.

Apenas se presentó el reporte número 18 en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), en el que no hay mayor variación de la situación crítica en los organismos públicos locales electorales (Ople) de la Ciudad de México, Campeche, Colima, Durango, Morelos y Nayarit. El caso extremo es Colima, cuya operación no está garantizada para lo que resta de 2022.

Así lo confirmó el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. “Las variaciones presupuestales a lo largo del año, en la mayoría de los organismos que se vieron afectados con importantes reducciones, sólo han permitido superar algunos compromisos, pero el fondo de la problemática persiste.

Es decir, la incapacidad material de cumplir a plenitud con todo el conjunto de sus atribuciones, dijo.

La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Ople, expuso que 22 organismos han aprobado sus proyectos presupuestales para 2023, mientras los 10 restantes lo harán la semana próxima.

Recordó que al menos 19 Ople han solicitado ampliaciones presupuestales a lo largo del año.

También en este informe se vuelve a presentar una situación poco alentadora, pues en el último trimestre del año en curso, los organismos de Chiapas, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tamaulipas continúan con problemas en la entrega de las ministraciones, ya sea porque se otorgan de manera incompleta o tardía.

Dijo que en Chiapas, por ejemplo, el gobierno estatal adeuda al organismo 1.2 millones de pesos correspondientes a septiembre, mientras en Durango la deuda de la administración local es de 18.6 millones, de marzo y agosto.

En cuanto a las entidades en las que habrá elección el año próximo, se indicó que en el estado de México no hay problemas al momento, mientras Coahuila realiza en estos días una revisión de recursos.

Ravel señaló que en el caso de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Ople pagar en tiempo y forma el financiamiento público a partidos, situación que lo coloca en riesgo, en especial para el pago de la nómina y otras obligaciones legales.

En caso de que no le sean autorizados los fondos necesarios, este instituto local echará mano de nueva cuenta de los recursos de la reserva para el pasivo contingente dedicado al pago de laudos, por poco más de 33 millones de pesos.

Mientras tanto, Colima no tiene recursos para operar; apenas logró una ampliación para pagar salarios atrasados de sus trabajadores.