La Fiscalía General de Justicia informó que a partir de hoy los titulares de seis coordinaciones, entre ellas las de delitos de género y de alto impacto, y la fiscalía especializada en combate a la corrupción, podrán ordenar directamente a los concesionarios de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real o la entrega de datos conservados cuando esté en peligro la integridad física o la vida de una persona.

Asimismo, cuando se encuentre en riesgo del objeto del delito, o bien, podrán solicitar al juez de control que requiera a dichos concesionarios la localización geográfica en tiempo real o entrega de datos conservados por éstas, relacionadas con investigaciones.

Los datos conservados se destruirán en caso de que no constituyan un medio de prueba idóneo o pertinente, pues el propósito es brindar una mejor atención y despacho de los asuntos, afirmó la titular de la fiscalía, Ernestina Godoy Ramos.

Se establece en el acuerdo FGJCDMX/39/2022, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que se puede requerir a los sujetos obligados contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión la conservación inmediata de datos en redes.

También, en sistemas o equipos de informática, acorde con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que los titulares de las coordinaciones entregarán a la secretaría particular de la FGJ, dentro de los tres días siguientes a la solicitud, copia del trámite realizado.

Señaló que presentarán a la titular de la institución un informe mensual sobre el ejercicio de las mismas, incluyendo el resultado de cada uno de los requerimientos, y tocará a la Unidad de Asuntos Internos vigilar el cumplimiento irrestricto del acuerdo.

Dichas facultades fueron delegadas a los titulares de las coordinaciones generales de investigación territorial, de investigación de delitos de género y atención a víctimas, de investigación estratégica y de investigación de delitos de alto impacto, así como de acusación, procedimiento y enjuiciamiento; jurídica y de derechos humanos, y a la persona titular de la fiscalía especializada en combate a la corrupción.