Sin control sobre el acceso ni producción interna de alimentos, esquema heredado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Acuerdo de Apertura contra la Inflación y la Carestía (Apacic) cede otro de los pilares en seguridad alimentaria al libre mercado: las garantías en la calidad de los productos que van a consumo humano, a cambio de poco margen para contrarrestar las presiones inflacionarias que en su mayoría vienen de fuera de México, advierten especialistas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) exhiben que la industria alimentaria es la tercera donde más han aumentado los costos en el año reciente, 15.69 por ciento, casi el doble que la inflación general a productores, que en septiembre fue de 8.63 por ciento. Por encima sólo se encuentran la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, donde el incremento de precios alcanzó 30.17 por ciento, y la explotación de la madera, con 21.5 por ciento.

El organismo reporta que no sólo el procesamiento de alimentos es de los sectores donde mayores costos hay para los productores. Es una cadena que viene desde el sector primario: el campo. En la agricultura, la ganadería y demás labores de cría y explotación de animales, la inflación al productor alcanzó 14.06 en septiembre, lo que la vuelve la cuarta actividad donde los costos más se han disparado respecto al año pasado.

El avance de precios en los alimentos, que no fue contrarrestado a gran escala por un primer Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) presentado en mayo, llevó a que el gobierno federal lanzara nuevas medidas amalgamadas en el Apacic. El acuerdo se centra en licencias a 15 empresas para eximirlas de trámites regulatorios y logísticos, así como de tarifas de importación, para que sus costos de operación bajen y lo trasladen a los consumidores.

No se va a resolver esta problemática de incrementos de precios porque al final lo que está permeando son problemas estructurales del país. En el plan presentado por el Presidente, el Estado no tiene margen de maniobra, es una negociación para que a través de subsidios las empresas agroalimentarias puedan producir por debajo de los costos que están teniendo ahora, explicó Agustín Rojas, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El académico detalló que la seguridad alimentaria tiene tres componentes eje: los factores de acceso físico y económico a los alimentos, que existan productos cercanos a un consumidor y que éste tenga la capacidad económica para adquirirlos; otro es la disponibilidad interna de los alimentos, que se tengan inventarios suficientes dentro de la frontera, y, por último, su utilización biológica, que sean alimentos sanos y nutritivos.

Los tres se encuentran en vilo, consideró Rojas Martínez. El problema que tiene la propuesta del gobierno es que no puede controlar el acceso ni la disponibilidad interna (derivado de la inflación y el esquema de suministro que impuso el TLCAN), y ahora se está vulnerando la dimensión de la utilización biológica. Le cede a las empresas la responsabilidad sobre el control de los alimentos que adquieren para sus procesos, detalló.

Otro problema, coinciden especialistas, es que la inflación tiene sus principales causas fuera del país. Katia Guzmán, coordinadora de datos de México, ¿cómo vamos?, recalcó que es necesaria una política que atienda los patrones de consumo de los hogares de menores ingresos porque en ellos es más difícil de sustituir los alimentos básicos, en lugar de hacer programas amplios que tienen un alto costo para las finanzas públicas, pero no garantizan un blindaje para la población más vulnerable al alza de precios.