1992-2022: los saldos de 30 años de la Ley Minera

Hace 30 años, el 26 de junio de 1992, entró en vigor la Ley Minera vigente en nuestro país, la ley que abrió a empresas privadas nacionales y extranjeras la explotación de los minerales que se encuentran en el subsuelo de la nación, prácticamente sin ninguna limitante.

Esta ley forma parte del engranaje legal con que se preparó México para la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, al lado de otras leyes como la de aguas nacionales -que a la fecha ha entregado más de medio millón de concesiones de agua a distintos entes privados- y la reforma agraria, que ha abierto la puerta para privatizar la tierra en propiedad social. Todas estas leyes, profundamente neoliberales, continúan en vigor en nuestro país.

Los textos reunidos en este número de La Jornada del Campo dan una idea exacta de lo que esta legislación nos ha dejado: procesos de despojo, desastres ambientales, una pobreza por encima de la media en las comunidades productoras de oro y plata, estrés hídrico, impactos en la salud, conflictos socioambientales y escasas aportaciones a las finanzas públicas del país. El desarrollo, los empleos y los recursos prometidos por esta industria no le llegaron ni al país ni a las comunidades, antes bien, todo lo contrario: la minería ha sido decisiva para engrosar unas cuantas fortunas y para ahondar la desigualdad, la violencia y la pobreza en las regiones rurales.

Estos textos explican lo más ominoso de la Ley Minera, las razones jurídicas, éticas, sociales, económicas, culturales, de derechos y ambientales, entre otras, por las cuales es fundamental modificarla y es urgente hacerlo ya. La actual administración, comprometida con los más pobres y decidida a erradicar el neoliberalismo y sus terribles lastres, tiene todavía el tiempo y la oportunidad de hacerlo, tiene la oportunidad de construir un marco legal para la actividad minera que ponga en primer lugar el bien público y los derechos humanos.

En torno a la urgencia de cambiar la Ley Minera, un amplio grupo de organizaciones campesinas, comunidades, ejidos, organizaciones civiles, académicas y académicos nos hemos unido, justamente bajo el nombre y el llamado de ¡Cambiémosla Ya! Desde esta Colectiva, hacemos campañas, hablamos con tomadores de decisiones, con legisladoras y legisladores, organizamos foros, seminarios, presentaciones y proyectos como el de Documentación Colectiva Así se ve la minería en México, con los que buscamos traer la atención al tema. Y hacemos suplementos temáticos, como este, que hoy tiene usted en su pantalla. Le invitamos a leerlo y a sumarse a nuestra exigencia: #Cambiémoslaya.

El primer bloque de textos abordan los graves problemas estructurales de la Ley Minera: Yacotzin Bravo se refiere al carácter colonial de dicha ley y a cómo se ha generado una narrativa que justifica la explotación de la industria minera e invisibiliza los graves daños en los territorios; Rodrigo Gutiérrez explica cómo las violaciones de derechos de comunidades y pueblos que avala la ley nos pone en un Estado de Cosas Inconstitucional; Leticia Merino muestra cómo la ley y los privilegios que otorga a las empresas ha engendrado enormes fortunas y ha propiciado una grave captura institucional y un desigual acceso a la justicia para aquellas comunidades que toman la decisión de defender su territorio y su vida frente a estos proyectos; Manuel Llano cruza diversas bases de datos oficiales que muestran claramente cómo es que en las regiones mineras el desplazamiento forzado está mucho más extendido que en otras regiones; Beatriz Olivera revisa las escasísimas aportaciones fiscales y económicas que esta industria le hace al país; Karla Priego y Rodrigo Galindo revisan los impactos diferenciados de los proyectos mineros en las mujeres; Aleida Azamar analiza los empleos creados por este sector, que también son muy bajos, a la luz de las enormes ganancias que se llevan las corporaciones mineras; Cristina Berganza describe las infames condiciones laborales de los trabajadores de las minas de carbón y Efraín Aguirre revisa los impactos a la salud de la minería.

En un segundo bloque, analizamos los costos sociales y ambientales de la minería: qué pasa en los territorios cuando un proyecto minero llega. Dolores Rojas describe lo que sucede cuando acaba un proyecto minero: nada, no hay ninguna legislación que obligue a las empresas mineras a limpiar, a remediar, a reforestar, todo se queda así; en otro texto, ella también habla del carbón rojo de Coahuila, es decir, de la realidad de las minas de carbón y los muertos que llevan a cuestas, por las malas condiciones laborales y de seguridad con las que operan los proyectos; Sergio Madrid explica los impactos del otorgamiento de concesiones mineras en los territorios forestales y Gina Chacón revisa lo que sucede en las Áreas Naturales Protegidas cuando un proyecto minero opera en ellas. Y es que la Ley Minera es tan poderosa, que tiene acceso preferente lo mismo a las ANP que a la propiedad social de comunidades y ejidos.

El tercer bloque de textos recoge algunas historias de las luchas de las comunidades por defender la vida y el territorio frente a los proyectos mineros. Sibely Cañedo habla de la minería en Sinaloa y de cómo los impactos de esta actividad se ahondan, silenciosamente, en una región atravesada por la presencia del crimen organizado; José Luis López, Janette Murillo, Enrique Nava y Concepción Lora hablan sobre la importancia de prohibir la minería submarina en Baja California Sur y en todo el país; los impactos imprevisibles de este tipo de proyectos han hecho que este tipo de minería esté prohibida en prácticamente todo el mundo; Neftalí Reyes habla de la lucha de las comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca contra la Minera Cuzcatlán; Xavier Martínez analiza la lucha jurídica del pueblo masehual contra tres concesiones mineras otorgadas sin su consentimiento en la zona alta de su territorio, donde nacen sus manantiales; y Alejandro Marreros refiere la lucha de la comunidad Nahua Ejido Tecoltemi contra de las concesiones mineras otorgadas a la empresa Almaden Minerals; cerramos este bloque con el texto de Luis Franco y Tokya Casimiro sobre los ocho años que han transcurrido desde que Grupo México contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi y cómo este desastre, aún impune, cambió la vida de miles de personas para siempre.

Para concluir el número, Gerardo Suárez retoma la propuesta hecha por Jorge Peláez y Leticia Merino en el libro Así se ve la minería en México, donde explican cuáles son los temas fundamentales que se deben cambiar en la Ley Minera para poner en el centro los derechos humanos y la vida.

Agradecemos a Armando Bartra, Enrique Pérez, Sofía Medellín, Gabriel Hernández y Hernán García, que hacen mes a mes La Jornada del Campo, la invitación a hablar de este tema urgente, que están en el corazón de lo que debemos cambiar para tener un país más justo, más sustentable y más equitativo. •