Representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora acuden a las oficinas de Grupo México en la Cdmx para exigir que la empresa se haga responsable del desastre ambiental provocado por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado ocurrido el 6 de agosto de 2014.PODER Latam

Ocho años de impunidad en el Río Sonora: el desastre de la minería y de Grupo México

El pasado mes de agosto se cumplieron ocho años desde que los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de una presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, la tercera productora de cobre más grande del mundo, lo que afectó directamente a 22 mil personas en ocho municipios, su salud, al ecosistema y la economía del estado de Sonora. Este derrame fue considerado por el gobierno mexicano (2012-2018) como el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.

Ante la magnitud del desastre, en 2014 habitantes de los municipios afectados por el derrame se organizaron y crearon un movimiento que busca justicia y reparación. Este colectivo se llama Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), lo conforman personas de ocho municipios: Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús, Baviácora, Ures y Hermosillo rural. Este movimiento es acompañado por la organización de la sociedad civil especializada en rendición de cuentas empresarial: Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).

Tras ocho años de lucha pacífica frente al gigante conglomerado perteneciente a Germán Larrea, los CCRS han logrado el reconocimiento de las autoridades nacionales e internacionales, así como de la opinión pública y se han constituido como un actor de peso que busca inclinar la balanza frente a los desproporcionados abusos empresariales cometidos por Grupo México.

Luego de años de lucha, la voz de los CCRS llegó a la actual Administración y en 2021 comenzaron una serie de mesas de diálogo y trabajo para emprender las primeras acciones de este gobierno en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación por lo ocurrido. Es en ese contexto que tras el primer año de iniciado este proceso, las y los habitantes del Río Sonora presentaron un balance de las acciones emprendidas por el gobierno federal, en coordinación con las comunidades, en el marco del llamado Plan de Justicia para Cananea, rebautizado hoy por las y los defensores como Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora.

En el balance presentado mediante el informe: El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el Río Sonora, se exhibieron por primera vez, con base en información oficial -resultado de la insistencia por justicia de los CCRS- los hallazgos principales sobre los verdaderos daños a los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente, al ecosistema y a la economía. Entre ellos están la presencia masiva de metales en habitantes de distintos puntos de la cuenca, la disminución de población de insectos, los multimillonarios daños económicos al estado de Sonora y a la sociedad mexicana. Además, los CCRS hicieron una valoración sobre los avances y voluntades de la actual Administración en la búsqueda de justicia.

La nueva información presentada por los CCRS reveló que la versión construida por Grupo México, avalada por la pasada Administración, no se sostiene y hace falta un nuevo plan que contemple acciones que conduzcan a una efectiva reparación del daño, hacia la rendición de cuentas de la empresa y hacia un freno a la captura corporativa del Estado.

Entre los principales hallazgos presentados por la comunidad se encuentran los siguientes:

1. Metales pesados en las personas. (Secretaría de Salud / Cenaprece (2022) Abordaje toxicológico de la salud, reunión para presentación de resultados plan de justicia para Cananea-Río Sonora, diapositivas 12, 13 y 14. Disponible en: https://share.mayfirst.org/s/JrNgDetgtFRByEZ?dir=undefined&path=%2F&openfile=13022633). Existe en habitantes de ocho municipios de la cuenca una exposición homogeneizada y evidente a metales como plomo, arsénico, manganeso y cadmio. Un análisis realizado por Cenaprece, realizado a 650 personas, confirmó la presencia de plomo en orina en más del 95 por ciento de la población, de arsénico en más del 50 por ciento, y de cadmio en más del 79 por ciento. A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó “alto riesgo” y “muy alto riesgo” van del 1 al 10 por ciento en cada municipio, y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía. En sangre se reportó exposición positiva y elevada a plomo en porcentajes que van del 58 al 90 por ciento de la población y exposición a manganeso entre el 19 y 50 por ciento, según su municipio.
2. Disminución de Biota y Artrópodos. (Gobierno de México. 8 abril de 2022. Plan de Justicia Integral de Cananea. Mesa de Salud Ambiental. Componente de suelo, aire y biota. Diapositiva 13. Disponible en: https://share.mayfirst.org/s/JrNgDetgtFRByEZ?dir=undefined&path=%2F&openfile=13022622). La mina Buenavista del Cobre afectó negativamente a la estructura y funcionalidad de los artrópodos de la Cuenca del Río Sonora, “se ha reducido la población particularmente de chinches, avispas, moscas, mosquitos y escarabajos”, de acuerdo con lo expresado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático el 8 de abril.
3. Se triplican pérdidas económicas. (Semarnat, INECC, 29 julio 2022. Estimación de pérdidas económicas por los daños ocasionados a partir del derrame en los ríos Sonora y Bacanuchi, resultados finales, diapositiva 12. Disponible en: https://share.mayfirst.org/s/6crdzB7eZFAem9M). QUE QUINTUPLICAN FALLIDO FIDEICOMISO RIO SONORA Y VIENE UN NUEVO PLAN DE REMEDIACIÓN. El costo real de daños al estado de Sonora y a la sociedad asciende a 10 mil 200 millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente (3 mil millones de pesos) en 2014 por el INECC, durante la administración de Enrique Peña Nieto; y cinco veces el monto del fallido Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos), que sub-ejerció 40 por ciento del presupuesto (mil 200 millones de pesos). En un encuentro celebrado el 8 de abril con autoridades del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), las autoridades señalaron que “ni el monto pagado por la multa ni las compensaciones entregadas por el Fideicomiso Río Sonora, bajo ningún escenario cubrieron los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de monitoreo de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud”. Si se comparan los datos del Fideicomiso Río Sonora con los datos del estudio del INECC, es posible identificar que el fallido Fideicomiso no cubrió ni el 2 por ciento de los daños ambientales ni de salud. Por otro lado, la Dirección General de Gestión Integral y Actividades Riesgosas informó que está elaborando un nuevo plan de remediación para la zona afectada por el derrame, luego de que quedó demostrado que el primero nunca se realizó. Para los CCRS es fundamental que los cálculos realizados por el INEEC consideren con mayor precisión las pérdidas en ganadería y agricultura; el monto estimado no contempla daños que se vinculan al periodo de contingencia, tales como la pérdida de la inversión en semillas, trabajo en la tierra, y el valor de la cosecha.
4. Grupo México, impune y sin plan de manejo de residuos. Grupo México niega su responsabilidad en la contaminación ambiental que persiste en el Río Sonora. El 3 marzo de este año, la DGGIMAR informó a los CCRS que Grupo México lleva 11 años operando sin un plan de manejo de residuos peligrosos. Esta información fue proporcionada en un encuentro derivado de la sentencia de amparo dictada en el juicio 144/2015 del Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Sonora, confirmada en 2021 por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolverse el recurso de revisión 247/2019. Resulta inexplicable que Grupo México se regule solo y pueda operar sin ese protocolo, sobre todo, si se considera el historial de la compañía.
5. Profepa, débil e insensible. Conagua, lenta. La Profepa ha tenido un papel laxo en exigir que la empresa dote de recursos al Fideicomiso Río Sonora en orden de cumplir su propósito como mecanismo de remediación de la contaminación ambiental y los daños socioeconómicos que ha provocado el derrame. Asimismo, no responde ante la exigencia de las comunidades para declarar medidas cautelares que los CCRS exigieron en julio de 2021. En las mesas de diálogo del Plan de Justicia para Cananea-Río Sonora, la Conagua ha minimizado la gravedad de la situación, promoviendo el retraso de soluciones urgentes e incumpliendo con su obligación como garante del derecho humano al agua. No ha mostrado voluntad política para avanzar en el diálogo ni para encontrar soluciones, constantemente se excusa o deslinda de cualquier competencia para aportar cuestiones sustantivas en materia de reparación.

A ocho años del derrame cada minuto cuenta en la búsqueda de justicia, reparación y garantías de no repetición. Los daños provocados a la salud de las personas, al ecosistema, y a la economía del Estado quedan constatados, igual que los costos para repararlos. Mientras tanto, la deuda con la justicia y por la rendición de cuentas de los responsables sigue en aumento.

Es importante señalar que falta un plan integral y efectivo de justicia y reparación, con perspectiva ecotoxicológica, a largo plazo en materia de salud, socioambiental, y otros derechos afectados por Grupo México. Este plan debe considerar la instalación definitiva de una clínica de especialidades y la instalación de potabilizadoras con capacidad para separar metales pesados en las comunidades que así lo requieran. El Estado mexicano debe imponerse y sancionar a la empresa responsable del desastre. •