Los mineros, en ese túnel oscuro de su trabajo

Trabajar en un túnel oscuro es entender dónde están los derechos de los mineros, muy en el fondo de las cavernas. No solo es respirar con dificultad y lleno de sudor en todo el cuerpo, sino por más que se quiera impedir, aspirar millones de partículas de carbón en los pulmones que corren por toda la sangre. Es trabajar en ese mundo de las tinieblas del bajo mundo donde la sociedad apenas si sabe de ellos.

Mineros invisibles

Y no por estar laborando bajo tierra son invisibles los mineros. Los patrones no los conocen, ni de vista siquiera. Los contratan de palabra por medio de capataces que se encargan de esa tarea. No saben lo que es un contrato escrito, son mineros porque se meten a los socavones, porque se tiñen de carbón las manos, la cara, los ojos, hasta en las pestañas llevan ese maldito polvo que se mete en sus entrañas. Su ropa pesa más porque cargan con ella el carbón que salpica de su trabajo. Son los hombres carbón que caminan, que se arrastran en las minas y que son invisibles porque carecen de contrato.

Hay algunos que sin contrato están afiliados al seguro social, solo para aparentar que hay algunos que sí lo están. Les pagan en efectivo lo que reciben arriba del salario mínimo para que no quede rastro de su salario real. Si ganan unos pesos arriba del salario mínimo están registrados en el IMSS con el salario más bajo posible que se pueda pagar. Pero no siempre los dejan asegurados de manera permanente, porque los inscriben por temporadas y luego los dan de baja sin que ellos lo sepan. No hay autoridad que vigile a estos patrones que defraudan.

Inspectores de papel

El día que llegan inspectores, el patrón lo sabe un día antes, porque así es la bendita ley. Él se prepara, a los que no tienen seguro social los manda a descansar. Va con sus amigos, dueños de las minas vecinas y les prestan cascos, guantes, lámparas, botas, equipo de protección completo para que el inspector dé el visto bueno. Hay minas en las que trabajan menores de edad y también los mandan a descansar para que la ley no los sancione.

Hay pocos inspectores que vigilen las zonas mineras. Llegan de vez en cuando, solo revisan por encima, revisan papeles, expedientes, llaman a los trabajadores que quiere el patrón y todo está en orden, pero nunca se asoman a las entrañas de las minas para saber cómo vive el minero en esos socavones del diablo.

Cuando un minero se lesiona o anda enfermo, el patrón lo saca de la mina. Si tiene compasión lo manda con un médico para que le dé pastillas para el dolor y si queda incapacitado mejor lo despide. Lo mismo ocurre con los que tienen seguro social por suerte.

Ocurre el accidente por una piedra que les cayó encima o por una explosión y el patrón les exige que digan que el accidente ocurrió fuera de las horas de trabajo para que no sea un accidente de trabajo. Los que se rebelan, el patrón no les firma nada y los despide.

Aquel 11 de junio de 2021, Juan Muñiz Calvillo, quien trabajaba en una cueva de carbón ubicada en Obayos, municipio de Escobedo, Coahuila, se lesionó gravemente su columna al caerle una piedra sobre la espalda. Al momento del accidente, carecía de equipo de protección, tan solo llevaba su casco y una lámpara. Sin poderse mover, sus compañeros lo sacaron en una tabla y la empresa no permitió que fuera trasladado a una clínica del IMSS; simplemente lo abandonó afuera de su casa.

Justicia lejana

Que vayan a la justicia laboral, esa que presume el gobierno, que corran a las oficinas del Centro de Conciliación o las juntas de conciliación y arbitraje que se encuentra en la capital del estado a cinco horas de distancia, y que paguen el transporte que les cuesta 500 pesos o más. Hay que pedir cita, y luego tienes que ir una, dos y hasta tres veces. El patrón ofrece míseras indemnizaciones, y que si no quiero, que me vaya a juicio. Debe conseguir un abogado particular o gratuito pagado por el gobierno. Son citas y papeles, pero no se tiene dinero.

Compañeros que han sufrido despidos le aconsejan que no demande, que no lo haga porque quedará marcado y no le darán empleo en ningún lugar. Le dicen que entre los patrones se corre la voz y preguntan si un trabajador ya demandó o no. Por eso no hay justicia por los rumbos de los mineros, donde hay pocitos y minitas de arrastre no saben qué es eso de la justicia.

El trabajo en los pocitos es duro, se trata de estructuras tubulares absolutamente precarias donde los mineros tienen que bajar al menos 50, 60 o 70 metros. Tienen que estar agachados todo el tiempo y arriesgarse que no ocurra ningún accidente. En un agujero entra y sale el tambo en el cual se saca el carbón y sirve también para meter y sacar a los trabajadores de la mina.

Cuando hay agua en el “pocito” y se llega a llenar el tambo, solo pueden salir los trabajadores de dos en dos y si llegan a estar abajo más de 30 personas, es casi imposible sacarlos a todos con vida.

Ni que decir de las llamadas “minitas de arrastre”, que tienen el mismo sistema de los pocitos, pero este caso, inclinados hasta 30 grados, con rieles de madera, y de uno a tres carritos hechos de lámina, muchas de ellas sin salida de emergencia, son cañones ciegos.

Pero se la juegan los mineros porque tienen que llevar dinero a su familia para que ésta pueda comer.

Una queja en la OIT

¿Qué pasó con aquellos mineros que murieron en los meses de julio de 2019 y en junio de 2021 en el complejo minero “Rancherías”, allá en el norte del estado de Coahuila? La autoridad laboral inusitadamente llegó, hasta en la radio y televisión salió la noticia. Estaba la secretaria del trabajo en persona, Luisa María Alcalde. Dicen que aplicaron sanciones al patrón y esa mina quedó cerrada, pero otro funcionario más poderoso, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad le dio un contrato a los dueños de Rancherías para que siguieran sacando carbón, no importando lo que había ocurrido antes.

La Familia Pasta de Conchos denunció que esa mina, la de Rancherías, no debía funcionar, que se debería clausurar para que no siguieran ocurriendo más siniestros. Hasta lo denunciaron públicamente y nadie del gobierno federal les hizo caso.

Tuvieron que acudir a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para denunciar al gobierno de México que no se ocupaba de los mineros de la zona norte de Coahuila. Fue el 8 de julio de 2022 en que fue admitida la reclamación. La OIT mencionó que había deliberado el caso y que el gobierno de México debía responder a las acusaciones que le daban hasta el día 8 de septiembre de 2022.

Lamentan las familias que se tenga que acudir a instancias internacionales porque en México la justicia camina muy despacio y generalmente nadie oye a los mineros. Y hoy se suman los 10 trabajadores muertos en el Pinabete, en la misma región, por las mismas condiciones.

La ley minera

No se explica cómo los que se dicen dueños de las minas pueden sacar la riqueza de las entrañas. ¿Qué autoridad les regaló el patrimonio de la Nación? Son concesionarios quienes a su vez prestan la concesión a otras personas y les cobran una renta por ello.

La Ley Minera que se aplicó en otros gobiernos permitió el despojo sin precedentes en perjuicio de la Nación. Millones de hectáreas del territorio del país han sido concesionadas por los distintos gobiernos desde que entró en vigor la actual Ley Minera. Las concesiones son terrenos otorgados simplemente con un papel firmado por funcionarios federales. Tener un título de concesión se ha convertido en un instrumento de impunidad no solo para mineros, sino también para campesinos que fueron desalojados de sus tierras.

El artículo 6 de la Ley Minera declara que la minería es una actividad preferente y por tanto si las comunidades indígenas lo tienen dedicado al cultivo de sus productos por ese solo hecho pierden sus tierras.

Al despojo de tierras le llaman en la ley minera expropiación. Nada se puede contra esa ley minera, ni los amparos porque la justicia le da la razón a los que se aliaron con los gobiernos pasados para apropiarse de miles, de cientos de miles de hectáreas.

Las concesiones mineras han sido otorgadas en beneficio de varias generaciones de caciques y empresarios aliados al gobierno, por periodos de 50 años prorrogables por otros 50, es decir, 100 años de impunidad.

Son concesiones de regalo, ya que los dueños pagan una cuota por hectárea que va de $8.63 pesos (durante el primer y segundo año de vigencia) hasta $188.86 pesos a partir del décimo primer año de vigencia. Un atentado contra el erario de la Nación, pero sobre todo contra la población que se convierte en su esclava.

Derechos Humanos no previstos en la Ley Minera

La actual Ley Minera permite la cancelación de la concesión cuando se explote un mineral no autorizado, por no cubrir los derechos sobre la minería, o por realizar actividades no permitidas en la concesión, pero no establece ninguna sanción cuando se violen los derechos humanos de los mineros.

Estamos frente a una ley federal del trabajo y una ley del seguro social que no se aplica en beneficio de los trabajadores de los socavones o lo hace de manera incipiente, y una ley minera que se olvida que quienes laboran en ellas son la esencia que se debe proteger.

¿Realmente importa la vida, la salud y la seguridad de los mineros en México?

La organización Familia Pasta de Conchos nos respondería: la vida de los mineros vale más que el carbón; no tiene precio y se debe respetar. •