La demanda presentada el lunes por el gobierno de México contra cinco distribuidores de armas de Arizona, Estados Unidos, a quienes considera traficantes, refiere que este comercio ha causado que los homicidios perpetrados con armas de fuego aumenten de 25 por ciento en 2004 a más de 69 por ciento en 2018.

De acuerdo con el Índice de Paz en México 2020, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, se estima que el impacto económico de la violencia en el país durante 2019 fue de 4.7 billones de pesos, equivalentes a 238 mil millones de dólares, lo que significa 21.3 por ciento del producto interno bruto (PIB).

La segunda demanda mexicana, que da origen a la causa 4:22-cv-00472-jr, indica que la erogación que la violencia genera para el gobierno nacional incluye costos directos, incurridos por la víctima, el gobierno y el perpetrador, e indirectos, incluidos el trauma físico y sicológico, pérdida de ingresos futuros y el impacto del miedo, además de un efecto multiplicador que calcula la actividad económica adicional que se habría acumulado si se hubieran evitado dichos costos directos de la violencia.

Las empresas demandadas son Diamondback Shooting Sports; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC; D/B/A The Hub, LLC; Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports Inc., todas radicadas en Arizona.

El gobierno mexicano alega que estas firmas operan con grupos de supuestos ciudadanos honorables, que en realidad trafican las armas para organizaciones delictivas que operan en territorio nacional. Participan sistemáticamente en el tráfico de estas armas de guerra a los cárteles, señala.

El canciller Marcelo Ebrard informó sobre la denuncia del pasado lunes. En las 238 páginas de la acusación se menciona que existe un estrecho vínculo entre el trasiego de arsenal desde Estados Unidos y los homicidios por armas de fuego cometidos en México. Está confirmada la correlación entre el aumento de las ventas en territorio estadunidense y el porcentaje de homicidios en México, ya que pasó de 25 por ciento en 2004 a más de 69 por ciento en 2018. Este incremento fue exactamente concomitante con el alza de las ventas de armas en Estados Unidos, que comenzó después de la expiración de la prohibición de artefactos de asalto en aquel país.

Ocasionan casi 4 millones de delitos en el país

La conducta de cada acusado también ha contribuido materialmente al daño económico masivo sufrido por el gobierno y sus ciudadanos. En 2019 se perpetraron más de 3.9 millones de delitos en México con un arma de origen estadunidense. Alrededor de 161 mil de esos delitos fueron contra empresas, con los costos que ello ha significado para la nación.

Los homicidios representaron 48 por ciento de este impacto (114 mil millones de dólares), la gran mayoría de los cuales (69.3 por ciento) se debieron a la violencia armada, señala la demanda. Otro estudio al realizado por el Índice para la Paz estima que los costos del gobierno por tratar de prevenir la escalada de la violencia armada son más de 1.5 por ciento del PIB adicional.

Señala que los demandados son traficantes de armas de Arizona que participan sistemáticamente en el comercio ilícito de artefactos y municiones de estilo militar a cárteles de drogas.

En cuanto a la magnitud de este fenómeno y su impacto en el país, el alegato menciona que la violencia generada ha disminuido la esperanza de vida de los connacionales. “La Policía Federal y el Ejército de México han estado entre las víctimas de la historia de terror que han escrito los acusados. De 2006 a 2021 se utilizaron armas para matar al menos a 415 miembros de la Policía Federal o de la Guardia Nacional y para herir al menos a 840 más. La gran mayoría de estas armas fueron traficadas desde Estados Unidos.

De marzo de 2009 a marzo de 2021, se utilizó arsenal de origen estadunidense para matar a 25 miembros del Ejército Mexicano y herir a 84.