De cara al Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad entre Estados Unidos y México, programado para hoy en Washington, organizaciones defensoras de derechos humanos enviaron una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, y al canciller Marcelo Ebrard, en la que manifestaron tanto su preocupación por la participación del Ejército en tareas de seguridad pública como la necesidad de que el gobierno estadunidense realice mayores acciones para reducir el flujo ilícito de armas a territorio mexicano.

En la misiva, expusieron que si bien en el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras, adoptado en octubre de 2021, ambos países se comprometieron a abordar el uso problemático de las drogas desde un enfoque de salud pública y priorizar la reducción de las formas de violencia que más lastiman a las poblaciones, preocupa profundamente que el gobierno mexicano haya redoblado su apuesta por el despliegue militar en tareas policiales como eje principal de su modelo de seguridad.

Amnistía Internacional México, los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, entre otras, recordaron que en septiembre pasado, el Congreso de la Unión aprobó la propuesta presidencial de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Contradice los estándares internacionales de derechos humanos y desconoce más de 15 años de evidencia que muestra el fracaso de la militarización como estrategia para controlar la violencia.

En cuanto a las acciones para reducir el tráfico de armas, aunque reconocieron la adopción de ciertas medidas por parte de Estados Unidos, subrayaron que aún se necesita hacer más.

“Nos alienta la inclusión inédita de un enfoque de reducción de daños en la estrategia nacional de control de las drogas del gobierno del presidente Joe Biden, presentada en abril de 2022. Sin embargo, notamos con preocupación que las acciones trasnacionales que se contemplan todavía se enfocan en gran parte en esfuerzos por reducir la producción y el tráfico de drogas desde el extranjero ‘para impedir que las drogas ilegales jamás lleguen a nuestras fronteras’”. Sostuvieron que urgen acciones basadas en evidencia para superar los retos que enfrentan ambos países.