n diciembre próximo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) fijará el piso de las remuneraciones formales que regirán en las diversas zonas del país durante 2023. De manera semejante a lo que ocurrió hace un año, el debate en torno a si debe producirse un incremento salarial y a la magnitud del mismo ha estado dominado por los preocupantes índices de inflación actuales y la incertidumbre sobre si cederán o se mantendrán en el mediano plazo.
En este contexto de niveles históricos de carestía, diversas voces han instado a contener las alzas salariales con la finalidad de evitar un impacto inflacionario, ante todo con la consideración de que los esfuerzos del gobierno federal para rescatar el poder adquisitivo de los trabajadores ya han llevado los sueldos al límite permitido por la productividad, por lo que nuevas alzas drásticas repercutirían de manera casi automática en los precios de productos y servicios. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia de prensa del lunes 3 que el futuro incremento deberá ser justo, pero en un porcentaje que no agrave la inflación.
En su revisión anual de la economía mexicana, el Fondo Monetario Internacional advierte que incrementos altos y continuos al salario mínimo podrían crear riesgos crecientes de inflación
, postura alineada con la teoría económica ortodoxa imperante en el organismo multilateral. Sin embargo, en el mismo documento publicado el jueves se reconoce que estos aumentos, combinados con la recuperación económica pospandémica y medidas fiscales, contribuyeron a sostener los ingresos reales de la población trabajadora.
Para aclarar el panorama, La Jornada consultó a especialistas en materia económica, quienes coincidieron en la falta de evidencia sólida de que el impulso al salario mínimo haya tenido efectos importantes en la actual coyuntura inflacionaria, y que en todo caso la afectación sería mínima a cambio de un beneficio significativo para los trabajadores. Estas apreciaciones parecen respaldadas por el hecho de que en 2019 y 2020 la inflación general se ubicó en 2.83 y 3.15 por ciento, pese a que en esos años hubo alzas salariales del orden de 16 y 20 por ciento. Asimismo, corresponden a una realidad ya conocida por los ciudadanos y detallada en este espacio el domingo pasado: que los ciertamente inquietantes aumentos de precios se explican no por factores internos de nuestro país, sino por restricciones globales en la oferta a causa de una serie amplia y compleja de factores que van desde la destrucción de cadenas de suministro durante la fase más álgida de la pandemia hasta la invasión rusa a Ucrania, pasando por políticas locales como los programas de estímulo económico de la administración demócrata estadunidense o la tolerancia cero
al covid-19 decretada por Pekín.
Por lo dicho, cabe instar a los delegados de los sectores obrero, patronal y gubernamental que integran el Consejo de Representantes de la Conasami a tomar una decisión dotada de sensibilidad social y favorable a los intereses de las mayorías, pues el monto del salario mínimo no sólo impacta a quienes perciben esta remuneración, sino que se convierte en un referente para las negociaciones colectivas y para la fijación de sueldos en todo el mercado laboral.
