Monterrey, NL., Desarrolladores inmobiliarios pretenden urbanizar 154 mil 400 metros cuadrados de una área natural protegida en las laderas del emblemático Cerro de la Silla, símbolo de Monterrey, cuya mayor extensión se encuentra en territorio del municipio de Guadalupe.

Así lo denunciaron vecinos de la colonia Galerías de Camino Real, en ese municipio conurbado a la capital del estado, quienes acusan al empresario Sergio Ricardo Treviño Cañamar de pretender construir en esa zona.

En un desplegado difundido en la prensa local, los colonos señalaron que Treviño Cañamar posee grandes terrenos en Guadalupe y pretende urbanizarlos aunque no sea factible.

Los inconformes detallaron que el proyecto incluye la edificación de 13 torres departamentales con 122 departamentos, 92 casas habitación y dos plazas comerciales, lo que dañaría el medio ambiente.

Además, argumentaron, colapsaría las vialidades y sería un riesgo para los residentes del sector, pues el desmonte del predio incrementaría deslaves, inundaciones y socavones, sobre todo en época de lluvias.

El plan inmobiliario prevé también la ampliación de la mancha urbana hacia la zona alta del Cerro de la Silla, lo que, subrayaron, atentaría contra especies de flora y fauna.

Diana García Salinas, representante de los vecinos, explicó que el propósito de Treviño Cañamar es construir en las laderas, lo que afectaría el cerro y a quienes habitan en las partes bajas.

El 28 de junio pasado, el empresario acusó de abuso de autoridad al ayuntamiento encabezado por la alcaldesa priísta Cristina Díaz Salazar por no expedir una prórroga que le permitiría iniciar la urbanización del sitio.

Sergio Ricardo Treviño Cañamar aseguró en un desplegado que Díaz Salazar ha abusado de su cargo por más de tres años, ya que, sin fundamento alguno, ha dado instrucciones a la dependencia respectiva de no recibir ni acordar el otorgamiento de una prórroga necesaria para la continuación de la urbanización del tercer sector del fraccionamiento, no obstante que incluso se desahogó el procedimiento y la sala superior del Tribunal de Justicia Administrativa dictó una sentencia que ordenó a dicha autoridad expedir el referido permiso.

Los vecinos dijeron tener el apoyo de las autoridades municipales; sin embargo, temen que en cualquier momento, por medio de estrategias legales, se autorice la urbanización, lo que, consideraron, sería un fuerte golpe al medio ambiente y a su calidad de vida.