El juez segundo de distrito en materia penal consideró que la averiguación previa aportó datos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de cuatro militares en los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, aunque las pruebas no son fehacientemente claras, que demuestren de manera indubitable los cargos.

Uno de ellos recibía dinero

Lo anterior consta en el auto de formal prisión dictado por el juez Enrique Beltrán Santes contra el general José Rodríguez Pérez, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa.

La resolución judicial señala que “había militares involucrados con (el grupo delictivo) Guerreros Unidos”. Entre ellos, el capitán Crespo recibía dinero y había otro militar que era proveedor de armas y cartuchos para esa banda del crimen organizado”. El fallo no menciona a los otros imputados por sus nombres y grados en la comisión de actividades ilícitas.

El documento testado, que difundió la defensa de los militares, refiere que el juzgador estimó que los elementos aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) demuestran la existencia de una organización criminal conformada por tres o más personas, esto es Guerreros Unidos, y que los integrantes de esa agrupación realicen de forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras, tengan como fin o resultado alguno de los delitos previstos en la ley.