La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados prevé mantener el recorte de 4 mil 913 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) en el presupuesto 2022, al considerar que el cálculo del monto previsto para una consulta popular y la revocación de mandato presidencial no fue realista, y por lo tanto considera no autorizar recursos adicionales, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio pasado.

Además, la comisión detectó que los 11 consejeros electorales y 110 funcionarios del instituto ganan más que el Presidente, por lo que sólo en sus salarios se erogan 254.4 millones de pesos al año, mientras otros 131.6 millones se destinan a gastos médicos del personal civil y 306.9 millones son de un seguro de separación individualizado.

Con lo anterior se refuerza la conclusión de la inobservancia del INE a la Ley Federal de Austeridad Republicana, concluye en el proyecto de dictamen que será presentado hoy en la junta directiva de la comisión y votado por el pleno de esa instancia en los próximos días.

En el documento se resalta que el INE sobrestimó su gasto para 2022, no fundamentó debidamente el monto previsto para la consulta popular y la revocación de mandato presidencial; además, detectó inconsistencias en la programación de los montos a ejercer en ambos procesos.

Para la comisión, el recorte aplicado en la aprobación del presupuesto no fue significativo, pues aun con ello se le asignó una partida suficiente para satisfacer las necesidades públicas encomendadas a su cargo, y resalta que es el único de los órganos con autonomía constitucional que no han ajustado su gasto entre 2018 y 2022.

Precisó que la disminución promedio en los anteproyectos de este grupo de órganos en ese periodo ha sido de 23.8 por ciento; en ese sentido, se concluye que el presupuesto base del INE debe reducirse en la misma proporción, y con eso su presupuesto base pasaría de 11 mil 225.46 millones a 8 mil 555.84, con una baja de 2 mil 669.62 millones de pesos.

No obstante, el instituto ha aumentado su propuesta de presupuesto base en 1.3 por ciento real, monto que no incluye lo destinado al financiamiento de partidos políticos ni la organización de elecciones y sólo se centra en las actividades que realiza durante todo el año.

Con eso se prueba que no se le está otorgando un trato diferenciado al INE; de hecho, el recorte tiene el objetivo de ajustar la dinámica de su presupuesto a la que voluntariamente han propuesto los demás órganos autónomos.

Justifica que el recorte aprobado en noviembre del año pasado se justificó porque la propuesta del INE presupuestaba un monto considerablemente alto por encima del necesario para la realización de sus obligaciones constitucionales, es decir, no apegado al principio de austeridad republicana.

Retoma además el argumento utilizado en aquel mes, de que aun cuando la reducción fue de 19.9 por ciento el monto final no difirió significativamente, en términos reales, del aprobado en 2016, año en que organizó el mismo número de elecciones estatales que en 2022.