asi dos meses después de la tragedia en la que 10 mineros perdieron la vida (El Pinabete, zona carbonífera de Coahuila) la Fiscalía General de la República (FGR) logró la aprehensión de uno de los presuntos responsables, Cristian Solís Arriaga, a quien lo acusa de cometer un delito federal previsto en la Ley General de Bienes Nacionales. Bien, pero en lista de espera están otros dos, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, quienes fueron identificados como los presuntos dueños de la mina colapsada, toda vez que el primero fungía sólo como apoderado.

Recuérdese que para esta tercia de presuntos responsables la Interpol emitió ficha roja, con ganas de ubicarla en algún lejano país, en lo más recóndito del planeta, para capturarla y enviarla de regreso a su país de origen. Sin embargo, la FGR reconoce que Solís Arriaga fue detenido en el mismo municipio donde se registró la tragedia, de tal suerte que siempre lo tuvo a tiro, porque el imputado ni siquiera se tomó la molestia de moverse de su zona de influencia. De los otros dos nada se sabe, por lo cual, es de suponer, la fiscalía seguirá tras ellos.

Solís Arriaga fue encarcelado y vinculado a proceso, dada su presunta responsabilidad. Sin embargo, desde la tragedia misma a este personaje se le ubicó como apoderado legal de la mina, no como dueño, por lo que nada raro sería que este personaje sea utilizado como chivo expiatorio, porque García Luna Acuña y Garza Cárdenas fueron identificados como los beneficiarios de la concesión que generosamente les dieron en el sexenio de Vicente Fox.

De hecho, una semana después de la tragedia el propio presidente López Obrador advirtió que de manera muy extraña, con base en el informe que me presentaron, tras el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al Seguro Social. Tal vez es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores al IMSS y no a los concesionarios. En toda esa región carbonífera de Coahuila han imperado corrupción, cacicazgos y mucha influencia política; gobernadores caciques y empresarios también corruptos vinculados a políticos. Por ello, hemos pedido a la FGR que actúe con rigor, que no haya impunidad.

Entonces, arrestaron al apoderado legal, pero las piezas mayores no aparecen por ningún lado. Lo más graves es que, según la pro-pia Ley General de Bienes Nacionales, tanto Solís Arriaga como el par de prófugos de la justicia deberán purgar de dos a 12 años de prisión y pagar multa de 300 a mil veces el salario mínimo, por ser delito de acción permanente y dolosa.

¿Así tasa la justicia el fallecimiento de los 10 mineros en El Pinabete? ¿De dos a 12 años de prisión y multas menores? (éstas implican un pago de 51 mil 861 a 172 mil 870 pesos), pues a todas luces no se trata de un accidente. Para-lelamente, ¿dónde están los responsables de las secretarías de Economía y del Trabajo? A la primera, como tiene bien organizado y actualizado el inventario de concesiones mineras, se le hizo bolas el engrudo a la hora de encontrar cuándo y a quién se le entregó El Pinabete, mientras los inspectores de la segunda, como es tradición, brillaron por su ausencia: no aparecieron, ni antes ni después, en el área colapsada.

Entonces, ¿la FGR no ha hurgado en esas dependencias del Ejecutivo?, pues es obvio que la presunta autoridad laboral incumple con su obligación de inspeccionar, supervisar y, en su caso, denunciar las anomalías en los centros mineros. Cómo olvidar el caso Pasta de Conchos, donde la connivencia del poder político con el económico costó la vida de 65 mineros.

En fin, no hay que olvidar que fue el presidente López Obrador quien, seis días después de la tragedia en El Pinabete, informó que la concesión fue otorgada por el gobierno de Vicente Fox, en 2003, con vigencia de 50 años. Todo indica que los empresarios concesionados de tiempo atrás suspendieron la extracción de carbón, pero retomaron la actividad, sin notificar a la Secretaría de Economía, a partir de 2021 o principios del este año. De cualquier forma, las instalaciones se encuentran en franco deterioro y las medidas de seguridad para los trabajadores son inexistentes.

Las rebanadas del pastel

Miles de mineros han muerto en la zona carbonífera de Coahuila, pero en la FGR están felices y celebran que uno de los responsables de la tragedia en El Pinabete ya está en chirona, mientras en Economía y Trabajo voltean para otro lado.

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