l presidente López Obrador ¿qué respuesta dará a la advertencia que recién le ha hecho el tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, de que se abstenga de hacer ataques públicos a la minera estadunidense Vulcan Materials, la cual tiene demandado a México por al menos 500 millones de dólares (https://bit.ly/3DOVSxe y La Jornada 22/2/14)?

En mi artículo anterior escribí que las acciones ante los tratados de libre comercio por parte de nuevos gobiernos progresistas en América Latina serán indicadores de cumplimiento de sus propuestas de campaña. En Chile ya hay desaliento. Como dijo el senador socialista Alfonso Urresti, es extraño que el presidente Boric haya dado una vuelta de posición tan brutal con respecto al Tratado Transpacífico (TPP-11), el cual ahora pretende que sea ratificado. Dice Urresti que con el TPP-11 Chile cede competencias, cede soberanía en materia de resolución de conflictos y eso es enormemente grave (https://bit.ly/3Snu736). Tal cual es la miopía de la 4T al seguir avalando el T-MEC, la modernización del TLC con la Unión Europea y el mismo TPP, cuando estos tratados sirven para que seamos demandados desde los tribunales más excluyentes y sesgados en favor de intereses privados.

Como ha sucedido en México desde la negociación del TLCAN hasta el T-MEC, ahora Boric desoye a las 159 organizaciones sociales y civiles de toda índole agrupadas en el colectivo Chile Mejor sin TLC que firmaron el llamado Garantías para los Pueblos y no para la Inversión Extractivista, el cual responde a los anuncios presidenciales que apuntan a seguir los pasos de Piñera y Bachelet respecto de los tratados de libre comercio, ahora respecto del TPP-11 y el Tratado de Asociación con la Unión Europea. El llamado asevera que no es posible asegurar garantías para la inversión, sin garantías para el pleno ejercicio de los derechos económicos y sociales de nuestros pueblos, muchos de ellos vulnerados por estos tratados (https://bit.ly/3R77df3). AMLO y Boric promueven tratados de libre comercio e inversiones que van en pleno contrasentido con sus propias aspiraciones de mitigar la inequidad y las crisis ambientales causadas por el modelo depredador capitalista. Dice la declaración de organizaciones chilenas que ahora el espejismo es resolver necesidades del norte global en materia de electromovilidad y que Boric está olvidando que cuando fue diputado, formó parte del numeroso grupo de parlamentarios que votó en contra del TPP-11.

La colusión de partidos de izquierda con la derecha y sectores empresariales en torno al libre comercio no es nueva; se da desde partidos socialistas en Europa. Pero comunidades y organizaciones sociales siguen resistiendo. En Colombia organizaciones nacionales e internacionales han pedido mediante un amicus curiae a la Corte Constitucional que se mantenga firme en su decisión de suspender la expansión de la mina de carbón El Cerrejón, la más grande de América Latina, en favor de los derechos humanos de las comunidades indígenas wayúu.

Como respuesta, las gigantes mineras Glencore y Anglo American interpusieron en 2021 demandas de arbitraje supranacional contra Colombia bajo los tratados bilaterales de inversión con Suiza y Reino Unido, respectivamente, recurriendo al mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés). A principios de 2022, antes de la llegada al poder de Petro, el gobierno colombiano emitió un informe favorable a la expansión de la mina –que fue denunciado por organizaciones colombianas (https://bit.ly/3Sk8hgO)– lo que indicaría que las demandas podrían estar teniendo el efecto disuasorio deseado por las mineras.

En comunicado de prensa (http://bit.ly/3TL6aE7) Misael Socarras, miembro de la comunidad wayúu, exige el respeto de su territorio y su derecho a la vida, al agua, a la seguridad y soberanía alimentaria y que las empresas multinacionales no son de aquí como para que pretendan pasar por encima de nuestras decisiones y las de la Corte Constitucional. Aldo Orellana, de la organización Terra Justa, expresa que tal como evidenciamos en nuestro escrito presentado a la Corte Constitucional, las empresas extractivas llevan demandas de arbitraje supranacional no sólo para buscar miles de millones de dólares en indemnizaciones, sino para presionar a las instituciones del Estado y ejercer el control sobre la naturaleza y las personas, especialmente en el sur global. Y Jen Moore, del Institute for Policy Studies (IPS), dice que el mecanismo de resolución de ­disputas inversionista-Estado, incorporado en casi 3 mil acuerdos internacionales de inversión alrededor del mundo, es exclusivo para las empresas extranjeras. Glencore debería desistir de su demanda y respetar la decisión de la Corte Constitucional de proteger el arroyo Bruno y los derechos del pueblo wayúu.

Los reclamos contra México y Colombia, que suman miles de millones de dólares, forman parte de la creciente avalancha de demandas de empresas extractivas bajo tratados de libre comercio y protección de inversiones contra de estados que buscan defender los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde Canadá y Alaska, hasta la Patagonia, la fiebre minera aumentará con la transición energética y serán los pueblos y comunidades que paguen con sus medios de vida y recursos naturales. Empresas como Vulcan Materials, Glencore y AngloAmerican cuentan con el Ciadi y otros tribunales como arma y sostén, ante lo cual AMLO, Petro y Boric deben de formar un frente de defensa de nuestras soberanías, que se pudiera extender a toda América Latina mediante la Celac.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS