El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su administración realizará una consulta ciudadana no vinculante para conocer si la opinión pública está de acuerdo en que se extienda la colaboración de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028.

En la conferencia matutina de ayer, el mandatario incluso propuso las tres preguntas de ese ejercicio para que la gente decida y no sea un asunto cupular, las cuales serían: “¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional (GN) y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las fuerzas armadas –el Ejército y la Marina– deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión, que la GN pase a formar parte de la Defensa Nacional o que dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública?”

Resaltó que hay tiempo para debatir y propuso que se brinde toda la información necesaria por lo que resta del año, para que la consulta se realice a principios de 2023. Y también, con libertad a los legisladores, si ellos resuelven votar en 10 días, en 15 días, pues que lo hagan, acotó.

Propuso que este ensayo no se realice conforme a lo establecido en la Constitución y sea organizado por el Instituto Nacional Electoral, sino que se busque otro mecanismo legal y su ejecución recaiga en la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, aun cuando no sea vinculante.

El Ejecutivo federal remarcó que la iniciativa de reforma al quinto transitorio constitucional –presentada por el PRI y que se encuentra en el Senado– busca enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia al ampliar el plazo para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad de marzo de 2024 a 2028, y en ese tiempo pueda consolidarse la GN.

Esto debe quedar asentado en la Constitución a fin que no se incurra en la ilegalidad de tener al Ejército y la Marina en esas labores. De ahí que criticara la hipocresía de los legisladores, en particular del PAN y del PRI, pues cuando gobernaron usaron esas corporaciones con ese fin sin que lo marcara la Carta Magna.

Que quede establecido como está, que el comandante supremo de las fuerzas armadas es el que ocupa la Presidencia, es un civil electo democráticamente por el pueblo, hombre o mujer, y de él o ella va a depender siempre la actuación de la GN, de las secretarías de Defensa y de Marina, y no hay ningún problema, porque las dos instituciones han demostrado ser leales a la Constitución, al pueblo. Si ha habido excesos es por las órdenes recibidas de civiles, en especial de los presidentes.