A dos semanas de la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia laboral en la capital del país, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México ha despedido, debido a la falta de recursos, al menos a 50 trabajadores que llevaban varios años de servicio.

Ex empleados entrevistados por La Jornada –quienes pidieron reservar su nombre por temor a represalias– denunciaron que el 13 de septiembre comenzaron a exigirles la renuncia sin otorgarles la liquidación de ley.

Angélica –nombre ficticio para proteger su identidad– explicó que se trata de conciliadores, dictaminadores, secretarios de acuerdos y personal jurídico, que acumulaban de 15 a más de 30 años de servicio.

La ex funcionaria, cuyo último puesto fue de conciliadora, relató que la semana anterior los citaron para pedirles que firmemos la renuncia, y al negarnos, de manera unilateral nos entregan el cese. Nos consideran trabajadores al servicio del Estado, lo cual niegan, pues no ocupan puestos directivos.

La JLCA argumenta que no hay recursos y se debe disponer de los sueldos para terminar la relación laboral de unas 130 personas. El dinero será utilizado para la transición y operación de los centros de conciliación local.

Un caso similar es el de Miguel, también ex funcionario conciliador, quien apuntó que personal no facultado realiza las destituciones. En el mejor de los casos les ofrecen que si firman su renuncia, “nos pagarán 15 días más de salario, pero si firmamos el cese, de manera amenazante nos dicen que vamos a quedar boletinados”.

Bajo protesta

Los abogados laboralistas, al igual que sus compañeros, han firmado los ceses bajo protesta –este diario tiene copias–, a fin de dejar a salvo sus derechos laborales. Los entrevistados reconocieron que la desaparición de las juntas de conciliación por la reforma laboral de 2019 no quiere decir que se violen los derechos laborales.

Negaron que los despidos se deban a la falta de recursos, ya que en enero pasado, cuando fue designado Eleazar Rubio como titular de la JLCA, trajo alrededor de 45 personas que no son abogados, sino licenciados en administración, sicología y en derecho, pero sin titulación, que fueron designados en puestos jurídicos.