El plebiscito en Chile: un acercamiento desde los territorios rurales
Comprender las razones del amplio rechazo al texto redactado por una inédita Convención Constitucional en Chile, requiere no solo análisis profundos y autocríticas, sino que de tiempo. Tiempo para decantar las ideas y aclarar la nebulosa de pesar que se instaló en el 38% de los que apoyamos la opción Apruebo, en especial cuando hace dos años, casi el 80% de los chilenos y chilenas dieron el sí a una nueva Constitución, dando por superada la Carta Magna heredada de la dictadura de Pinochet.
Precisamente el triunfo del rechazo al nuevo texto dejó aparentemente en ‘cero’ el proceso constituyente iniciado en 2020, manteniendo la actual Constitución, pero sabiendo que el mandato popular votado en el plebiscito de entrada de todas formas se mantiene el requerimiento de un nuevo texto con validación ciudadana.
El ejercicio de entender la desaprobación al borrador de nueva Constitución se hace más complejo en territorios rurales, donde el apoyo al rechazo fue aún mayor que en las grandes ciudades. Entre algunos aspectos importantes a considerar encontramos las desiguales condiciones estructurales de vida en que habita la ruralidad en el país, habituada a una robusta centralización político-administrativa del Estado y sus servicios, lo que se extiende a todos los ámbitos del desarrollo humano y económico. Ello se suma a la falta de sinergia con los sectores rurales por parte del nuevo texto constitucional y su constante apelación a demandas territoriales más de corte identitario transversal que fruto de una expresión popular que hiciera sentido común en la población rural.
Si bien la Reforma Agraria chilena pudo terminar con la figura del latifundio e inquilinaje que se extendió por casi toda Latinoamérica, esto fue mermado por la llamada Contra-reforma agraria que instauró el régimen de Pinochet, que desmanteló gran parte de estas políticas, restituyendo tierras a privados, empresarios y colonos provenientes de Europa, así como despojando a comunidades indígenas de los territorios que les había devuelto el gobierno de Salvador Allende. Sin contar la fuerte represión y asesinatos contra el campesinado y sus dirigentes.
Todo ello dejó una herida en las comunidades rurales con una herencia histórica de recelo y miedo a las transformaciones sociales, en medio de una cultura conservadora ampliamente cultivada por los grandes hacendados y grupos empresariales (agrícola, forestal y frutícola, especialmente), los que han esparcido su influencia política, económica y cultural a punta de clientelismo y patronaje, fomentando relaciones patriarcales, clasistas y racistas (anti-mapuche) en toda la estructura social rural.
No deja de ser un factor en ese sentido, el creciente rol que ha jugado los distintos credos evangélicos y su auge en la ruralidad, especialmente conservadores en temas como el aborto y derechos sexuales y reproductivos -que garantizada el nuevo texto-, además de las expandidas prácticas clientelares y despolitizadoras ejercidas históricamente por una buena parte de las autoridades municipales.
Sin embargo, todo lo anterior no explica la totalidad del resultado. Un gran actor en este análisis es el marco de amplia intervención territorial desplegada por la derecha política y económica en las zonas rurales, especialmente en la zona centro-sur de Chile, ampliamente presente en los medios de comunicación locales.
En ese contexto, los errores no forzados y otros flagrantes por parte de ex convencionales independientes y de izquierda durante el proceso constituyente fueron aprovechados y maximizados por la derecha para iniciar, desde el año 2021, una potente campaña del terror a nivel comunicacional, que abarcó desde los grandes medios masivos hasta las más recónditas radios rurales donde pagaron propaganda contra el Apruebo para sembrar mentiras y dudas en la población, especialmente en temáticas que los identificaba o interesaba.
De hecho, el principal gremio empresarial agrícola, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) financió una gran campaña comunicacional en contra del borrador constitucional, lo que creemos tuvo una clara repercusión en el votante rural, mintiendo derechamente respecto a la propiedad privada, la imposibilidad de qué cultivos podrían sembrar los campesinos o impedir el uso de fertilizantes así como sobre el acceso al agua, y las supuestas amenazas al empleo rural.
Por otro lado, las performances de algunos ex convencionales independientes de izquierdas dejaron mucho que desear e instauraron el declive del respaldo ciudadano a la Convención, derrotero iniciado por el caso de un ex convencional que admitió no tener cáncer, enfermedad con la cual había basado su campaña siendo un manifestante más en las calles durante el estallido social, y por lo cual ganó gran apoyo popular. Mientras que en materia de contenidos, temas como la justicia indígena y la plurinacionalidad fueron esgrimidos como banderas de lucha discursiva por sectores de izquierda con mayoría en este órgano, como una forma identitaria de refundar el país, lo que junto a un mal manejo comunicacional y escaso despliegue territorial, terminaron por ahuyentar a la población y a los sentidos comunes fuertemente chilenizados, que vieron cómo sus preocupaciones más básicas (seguridad pública, migración, propiedad privada, entre otros) no eran priorizadas en el texto constitucional.
Otro factor relevante es la precaria educación cívica, la vulnerabilidad social y pobreza de las zonas rurales, lo que se conjuga con la falta de conectividad vial como de acceso a Internet y nuevas tecnologías, lo que alejó aún más el debate constitucional de sus habitantes. O que incluso hizo creer que territorios denominados como ‘zonas de sacrificio ambiental’, donde se concentran gran cantidad de industrias contaminantes, fueran a votar masivamente por el Apruebo, dada su condición, cuando terminaron apoyando al Rechazo. Precisamente estas zonas rurales presentan gran cantidad de activistas y agrupaciones socioambientales, no obstante, se sobredimensionó su real representación y popularidad en esas comunas, lo que nos hace detenernos y dar un mejor análisis al concepto de movimiento social y sus niveles de identificación en la población.
Pese a todo, la conciencia de la necesidad de una nueva Constitución que garantice derechos sociales, en un proceso quizás más acotado, sigue vigente en la mayoría de la ciudadanía. La cual no se identificó con el menosprecio o superioridad moral que expresaron algunos ex convencionales, que solo le hablaron a sus audiencias convencidas, y que -creemos- terminaron rechazando más por forma que por fondo el borrador constitucional. El mandato de una nueva Carta Magna continúa y Chile la sacará adelante,es tiempo de aprender de este camino recorrido. •