Al hacer patente una vez más su defensa de la prisión preventiva oficiosa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que si hablar del asunto desde la tribuna de las conferencias matutinas es considerado presión hacia los ministros de la Corte, en efecto los ha presionado.

¿Presión aquí?, replicó ante una pregunta de si sus continuas referencias al caso lo serían. “No, no, nosotros no somos iguales…”, atajó.

Pero de inmediato cambió de parecer: ¡Ah!, puede ser que sí sea presión ¿eh? Porque tocamos el tema, pero ¿cómo no vamos a tratar el asunto si es delicadísimo?

En su conferencia del martes exhortó a quienes se oponen a mantener esa medida cautelar en la Constitución –en particular contra presuntos infractores de delitos graves– a seguir los canales legales y presentar la iniciativa en el Legislativo, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no invada facultades.

Imagínense ustedes. Independientemente que el Poder Judicial, en este caso la Corte, invalida un artículo de la Constitución y está interfiriendo en la esfera de otro poder, independientemente de eso, imagínense que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene, si es el único. O sea, se borra al Ministerio Público y el derecho de las víctimas.

Una vez más y a la espera de que el máximo tribunal resuelva el debate –ayer aplazó la decisión para el jueves–, el jefe del Ejecutivo federal indicó que liberar a los presuntos delincuentes también pondría en riesgo a los propios juzgadores, pues generalmente no se suele dejar en libertad a inocentes que están en prisión, sino a gente con poder e influencias, sobre todo económicas. Es plata o plomo.

Destacó que en el debate, que comenzó el lunes en la Corte, el ministro Alberto Pérez Dayán, que siempre ha votado contra lo que proponemos nosotros, se manifestó en oposición al proyecto que plantea suprimir la obligatoriedad de esa medida, argumentando que el Poder Judicial no puede modificar un artículo constitucional.

Interrogado sobre personas que están tras las rejas siendo inocentes o porque fueron torturadas para inculparse, el Presidente señaló que es responsabilidad de la corrupción en el sistema de justicia.

Consideró que pueden ser miles en esa situación, “por lo mismo, por la corrupción (…) se tiene que buscar una reforma a la Constitución y fijar un límite”.

Apuntó que su gobierno presentó una amnistía para esos casos y las burocracias del sistema han dificultado que se cumpla. Pese a ello, han salido de prisión, preliberadas o amnistiadas, 2 mil 329 personas entre 2021 y 2022.

Al retomar el punto, subrayó: ¿Presión? (eso) ya es distinto. Yo no hablo con los jueces, yo hablo aquí, porque sé la importancia que tiene, la fuerza de la opinión pública en una democracia.