Mantener la prisión preventiva oficiosa sería muy lamentable porque ante la oportunidad de un camino progresista en derechos humanos se estaría dando un paso atrás, sostuvo Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. A pesar de que en 2019 se amplió el catálogo de delitos que ameritan una detención automática, no ha bajado la impunidad, dijo a su vez Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Al margen de la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el punto aún será discutido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos fallos son vinculantes para el Estado mexicano, expuso por su parte César Contreras, abogado colaborador del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas urgió a anular la figura, para lo cual consideró que hay una oportunidad histórica. Recordó que instancias internacionales se han pronunciado en contra de medidas de ese tipo.

Tras el inicio del debate en la SCJN sobre la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, la Fundación para la Justicia apuntó que es un recurso claramente contrario a los derechos humanos y afecta gravemente la libertad de la persona y la presunción de inocencia, además de naturalizar una medida cautelar que implica una sanción adelantada.

Nos parece que hay que poner el ojo en otro lugar, que la impunidad tiene que ver con la falta de que las fiscalías realmente investiguen, que no tengan corrupción, y ese curiosamente es un debate que se ha ido aplazando, indicó Delgadillo.

Reforzar fiscalías

En tanto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México también afirmó que el tema central para avanzar en materia de justicia es el refuerzo de las fiscalías.

Hay que recordar que la prisión preventiva oficiosa no contribuye en nada a combatir la impunidad. En México, 98 por ciento de los delitos quedan impunes, con o sin esa medida, señaló. A inicios de este sexenio se amplió el catálogo y no se ha disminuido ni medio punto la impunidad, porque lo que se requiere son fiscalías que investiguen adecuadamente, dijo Olivares.

El Centro Pro llamó a una evaluación sistemática de la Constitución. Contreras recordó a los ministros que la eliminación de la prisión oficiosa no excluye la posibilidad de aplicar una medida cautelar por parte del Ministerio Público cuando sea aprobada por un juez.