rometí dedicar esta vez mi artículo a la lucha de las comunidades agrarias contra la minería. Y como parte de ello expreso mi protesta por el nombramiento de un fundador de Morena en el estado de Hidalgo como nuevo responsable de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), institución vital para conservar la flora y la fauna de México, patrimonio invaluable que la minería suele destruir. Por tan absurdo nombramiento, el doctor José Sarukhán renunció a la presidencia de la Conabio, agobiada este sexenio por carencia de recursos. Él fue clave para dar a dicha institución prestigio internacional.
Este nuevo desaguisado de las autoridades ambientales del país se une al abandono que sufren las comunidades agrarias por las instancias oficiales cuando luchan por evitar que las mineras deterioren el ambiente, lo afecten en muchos casos irreversiblemente y reduzcan aún más la calidad de vida de las poblaciones afectadas por dichos negocios.
Cecilia Navarro, pieza clave del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y del colectivo Cambiémosla Ya, reunió en marzo pasado para La Jornada Ecológica que publica nuestro diario, la opinión de varias comunidades que, sin ser consultadas, se enteran de que su territorio ancestral lo concesionaron las autoridades federales a una empresa minera para extraer oro, plata, cobre, zinc o carbón, por ejemplo.
Los afectados tienen entonces que iniciar largos y costosos procesos judiciales para defenderse de la voracidad de esos negocios, que cuentan con influyentes despachos de abogados y dos aliados muy efectivos: por un lado, las secretarías de Economía (que otorga los permisos de explotación de minerales), la del Medio Ambiente y los gobiernos estatales y municipales, y por el otro, la corrupción de funcionarios del más diverso nivel. Contra todo eso luchan legalmente y utilizan la movilización social, no pocas veces reprimida por la fuerza pública.
Una breve lista de comunidades que combaten a las mineras incluye a la del ejido Nahua Tecoltemi y otras más ubicadas en la Sierra Norte de Puebla; la de Capulálpam de Méndez, en Oaxaca; la de San Juan Huinzontla, en Michoacán; la de Santa María Zapotitlán y ocho comunidades más que integran la Asamblea del Pueblo Chontal en la Sierra Sur de Oaxaca. Sumemos la de los pueblos Mè’phàà y Na´savi, de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero y el movimiento que contra la minería tóxica existe en el estado de Morelos.
Mientras las demandas contra el funcionamiento destructor de las empresas se ventilan en las instancias judiciales y en las responsables de cuidar el ambiente y la salud pública, las comunidades enfrentan la falta de agua para sus necesidades vitales y las actividades agropecuarias. Por los procesos de extracción de los minerales se contaminan y agotan las fuentes de abastecimiento del líquido y se contaminan la tierra y el aire por residuos tóxicos y los químicos utilizados para extraer los minerales. En ocasiones padecen la división interna y deben luchar contra otras comunidades, pues las empresas suelen corromper a sus dirigentes. O engañar a los pueblos con falsas promesas de empleo muy bien remunerado y bienestar social.
Y por si fueran poco los costosos procesos judiciales que en defensa de sus territorios llevan ejidos y comunidades indígenas, se agrega la presencia del crimen organizado y de trabajadores ajenos a los usos y costumbres locales. Sin faltar la detención o el asesinato de los líderes que encabezan las demandas.
La tragedia en El Pinabete, Coahuila, recordó la muerte de más de 200 obreros que trabajaban sin la seguridad adecuada en minas de carbón de dicha entidad; y a los 63 sin rescatar en la de Pasta de Conchos, propiedad del segundo hombre más rico del país y también de la que provino el derrame de tóxicos en los ríos Bacanuchi y Sonora.
Por falta de espacio, no cito más tragedias humanas y ambientales que origina la minería en Oaxaca, Zacatecas, el estado de México y otras seis entidades. Mientras tanto, al no aprobar una nueva ley minera en favor de los intereses nacionales, el Poder Legislativo se convierte en cómplice de tan prósperos negocios y corresponsable de los innumerables daños que ocasionan a la población y al ambiente.
