El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a la Cámara de Diputados una fórmula equilibrada para que el Ejército tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, pero continúe como institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que contará con facultades rectoras en materia de la política criminal.

En la iniciativa de reforma a cuatro leyes que envió ayer, y que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, el mandatario argumentó que se hace necesario ampliar la intervención de militares en la Guardia Nacional, por los resultados del cuerpo y por la persistencia a largo plazo de las circunstancias que se previeron para limitar a cinco años la participación de las fuerzas armadas.

No obstante, el mandatario precisó en la exposición de motivos del documento: “El propósito final de esta iniciativa no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México.

Su función primaria es contribuir a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, de naturaleza no bélica.

Aunque el jueves pasado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció a los diputados de Morena que la iniciativa sería con carácter preferente, esto no fue así. Con todo, la bancada guinda anticipó que la discusión se realizará en la sesión ordinaria de mañana. La idea de transferir la Guardia Nacional al Ejército ya está suficientemente debatida, comentó el coordinador de esa fracción, Ignacio Mier.

El Presidente de la República ponderó que la reforma es necesaria porque el riesgo para el Estado mexicano es sumamente delicado, porque el crimen organizado “se ha convertido en una fuerza ‘cuasimilitar’, que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.

Como parte de la reforma a las leyes Orgánica de la Administración Pública, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea, el mandatario propuso que el secretario de la Defensa Nacional ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Dicho control lo ejercerá a través de las siguientes atribuciones, que hasta ahora están a cargo de la SSPC: “La expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la Guardia Nacional; los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación, capacitación, especialización y profesionalización del personal de la Guardia Nacional.

La capacitación permanente de su personal en el uso de la fuerza, cadena de custodia y respeto a los derechos humanos, y organizar la distribución territorial de este cuerpo policial y proponer adecuaciones a su estructura orgánica.

A su vez, la SSPC tendrá atribuciones para formular la estrategia nacional de seguridad y la propuesta de programa nacional de seguridad; proponer al Ejecutivo la política criminal, así como coordinar al gabinete de seguridad del gobierno federal.

La política en la materia se enfocará en la prevención del delito a partir de un paradigma de paz y seguridad, así como de justicia y reparación para las víctimas.

El Presidente resaltó que de los 113 mil 833 efectivos de la Guardia Nacional, 73 mil 805 son militares, 16 mil 792 marinos y 23 mil 236 de la extinta Policía Federal, que convergen en un esquema policial complejo que responde a los desafíos del crimen organizado al Estado mexicano.

La iniciativa prevé eliminar el requisito que obligaba a militares y marinos a separarse del Ejército o la Armada para ingresar a la Guardia Nacional y se añade una disposición para que quienes estén en activo continúen sujetos al fuero militar.