San Salvador. Seis organizaciones sociales documentaron más de 3 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que el gobierno responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país.

Según estas organizaciones, se vulneran el derecho a la defensa y el debido proceso, a la dignidad y la privacidad.

El informe elaborado por Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, el Servicio Social Pasionista, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, Amate y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas documentó 3 mil 186 casos del 27 de marzo al 31 de julio.

De acuerdo con las denuncias, más de 86 por ciento de los detenidos son hombres de entre 18 y 30 años, pero también se han identificado 12 mujeres y tres hombres transgénero.

El estado de excepción fue aprobado el 27 de marzo por el Congreso a pedido del presidente Nayib Bukele, luego de una ola de crímenes que sacudió al país.

Este régimen limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones de arresto y la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

Las medidas impulsadas por El Salvador para combatir las pandillas han sido ampliamente defendidas por el gobierno, pero activistas y miembros de la comunidad internacional las han cuestionado por considerar que abren la puerta a violaciones de los derechos humanos.

El fiscal general Rodolfo Delgado reveló que investigan 17 muertes de reos, pero adelantó que tiene información de que los decesos se deben a complicaciones de salud prexistentes.

Han arrestado a 51 mil 241 presuntos pandilleros

Desde que se aprobó el estado de excepción las fuerzas de seguridad han arrestado a 51 mil 241 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de estructuras criminales o colaborar con las pandillas.

El Ministerio Público informó que los jueces han decretado la detención provisional de 45 mil 849 presuntos pandilleros o colaborares.

Estos grupos delictivos están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte.

Entre el 1º de enero y el 30 de agosto, la policía registró 514 homicidios, 34 por ciento menos que los 781 contabilizados en igual periodo de 2021, y los empresarios del transporte público aseguraron que desde que se implementó el régimen de excepción las extorsiones han bajado 95 por ciento. Afirman que pagaban a las pandillas entre 12 y 35 millones de dólares al año.

En agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.

En este contexto, la Asamblea Nacional rechazó una petición para derogar el estado de excepción, que presentó la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional Anabel Belloso, al transmitir una petición de familiares de detenidos.

Sin embargo, encuestas divulgados por diversos medios de prensa indican que la mayoría de la población apoya las medidas del gobierno contra los pandilleros.