a llegada al poder de Xiomara Castro, Gabriel Boric y Gustavo Petro brinda oportunidades a sus respectivos países de sacudirse del neoliberalismo. Sus acciones frente a tratados de libre comercio, que considero mejor llamarles tratados de libre despojo para las empresas trasnacionales, serán indicadores de cumplimiento de sus propuestas de campaña.

En Honduras la presidenta Castro ya confirmó sus compromisos de un cambio de políticas socioeconómicas al anunciar la revisión del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (RD-CAFTA), la derogación de la Ley de Zonas de Desarrollo (ZEDE) y el subsidio al consumo de energía y combustibles (https://bit.ly/3pAR72e). Como ha dicho el vicecanciller Gerardo Torres, hay una buena oportunidad para revisar no sólo el CAFTA, sino todo el modelo de libre comercio. Todo ese modelo de apertura de fronteras, apertura arancelaria, que creían que traería desarrollo a Centroamérica, y puntualmente (en) Honduras no es el caso.

En efecto, el déficit comercial de Honduras con Estados Unidos llegó a 2 millones 780 mil 84 dólares en 2021; un crecimiento de 475 por ciento del promedio de años previos al RD-CAFTA (2000-04), según datos de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) (https://bit.ly/3TfbQGf). Y es precisamente la intención de derogar las ciudades modelo ZEDE, que se han erguido como severa amenaza a la supervivencia del pueblo garífuna, que obliga a renegociar el CAFTA. Bajo sus cláusulas de protección de inversiones empresas extranjeras, como Prospera, ya amenazan con demandar a Honduras en tribunales supranacionales, como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial (ver https://bit.ly/3dWUBcV).

En Chile penden de un hilo las ratificaciones del Tratado Transpacífico (TPP11), del cual México es parte, y al igual que en nuestro país, la modernización de su TLC con la Unión Europea. Lucía Sepúlveda Ruiz, integrante de la Plataforma Chile Mejor sin TLC, me comenta que ante el TPP, el gobierno de Boric está desconociendo su posición anterior, pues él votó contra el TPP11 junto a todo el Frente Amplio en la Cámara de Diputados, y también parece estar cediendo a las presiones del empresariado y grandes poderes económicos. Respecto al tratado con la Unión Europea, la urgencia es de la UE y no de Chile. Este gobierno debería utilizar criterios muy diferentes a los del gobierno de Piñera, ya que los intereses de la UE pueden tener un alto costo ambiental. Reiteramos nuestro malestar frente al secretismo y falta de información a la ciudadanía. Vivimos cambios y tenemos grandes esperanzas. Esperamos que el gobierno no actúe de espaldas a los movimientos sociales.

Y lamentablemente recomendaciones basadas en el reporte de múltiples organizaciones y redes –Impactos del régimen de protección de inversiones en Chile y aportes para el proceso constituyente (https://bit.ly/3wufnXw)– han quedado fuera de la Nueva Constitución de Chile (cuya aceptación está sujeta al plebiscito que se llevará a cabo este 4 de septiembre).

Estas incluían la prohibición del arbitraje supranacional y la salida de Chile del CIADI, el inicio de un proceso de denuncia de sus tratados de inversión, y la exigencia de mecanismos de transparencia en negociaciones futuras de éstos.

En Colombia, Gustavo Petro se convierte en el primer jefe de Estado progresista en 200 años de historia republicana y el primer ex guerrillero en convertirse en comandante supremo de las fuerzas armadas (La Jornada, 7-8-22). Ante los colosales retos, senadores colombianos han solicitado al gobierno de Estados Unidos la renegociación del TLC firmado en 2006 (https://bit.ly/3Aol9vc). Las razones expuestas por Colombia hasta ahora se limitan a desventajas comerciales en los sectores agrícola y textil. Sin embargo la renegociación del TLC es mucho más imperante debido a los desmedidos privilegios otorgados por gobiernos anteriores a inversionistas y en particular a empresas extractivas, destructivas del ambiente.

En su discurso inaugural, Petro afirmó: “Protegeré nuestro suelo y subsuelo, nuestros mares y ríos. Nuestro aire y cielo (…) Y, por eso, no voy a permitir que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo nuestra biodiversidad. Vamos a enfrentar la deforestación descontrolada de nuestros bosques e impulsar el desarrollo de energías renovables. Colombia será potencia mundial de la vida. El plantea Tierra es la casa común de los seres humanos. Y Colombia, desde su enorme riqueza natural, va a liderar esta lucha por la vida planetaria”.

Para cumplir con esas aspiraciones, sin embargo, el gobierno de Petro hereda, como otros gobiernos progresistas, la férrea camisa de fuerza impuesta por TLC y tratados bilaterales de inversiones (TBI). Hoy día Colombia está asediada por demandas multimillonarias de empresas mineras en el CIADI, por medidas ambientales que afectan sus ganancias esperadas.

Es urgente revisar también el TBI con Canadá cuyas mineras, Eco Oro, Red Eagle y Galway Gold tienen demandada a Colombia por mil millones de dólares por la decisión de su corte constitucional de proteger sus páramos, principal fuente de agua, de la destructiva minería de oro.

Los gobiernos progresistas de América Latina deben confrontar el poderío de las rapaces empresas trasnacionales fundamentado en los tratados comerciales y de inversiones. Ojalá foros como la Celac sirvan para empezar a desterrar el sistema imperialista de protección de inversiones que sólo obedece a los intereses de empresas sobre todo de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org

Twitter: @ManuelPerezIPS