l periodista vasco Pablo González cumple mañana seis meses encarcelado en Polonia, en un episodio indirecto de la guerra de Ucrania que apenas está ocupando titulares menores fuera del País Vasco, pese a las numerosas denuncias de organizaciones de derechos humanos y por la libertad de expresión, que han clamado ante las irregularidades que presenta el caso. Van a permitir que aproveche este balcón para contar esta triste historia.

El 28 de febrero Pablo González cubría como periodista la llegada de refugiados ucranios a Polonia, en el contexto de la recién estrenada invasión del ejército ruso, cuando fue detenido por la Agencia de Seguridad Interna (ABW) polaca. Le acusaron de realizar trabajos de espionaje para el Departamento Central de Inteligencia (GRU) de Rusia y lo encarcelaron y aislaron sin margen para alegación alguna.

Cabe aclarar que Pablo, quien trabajaba como freelance para medios como Gara, Público y La Sexta, tiene la desgracia de tener padre ruso y, en consonancia, doble nacionalidad, española y rusa. Para mayor confusión, en su pasaporte español consta el apellido de su madre, mientras en el ruso aparece el de su padre, algo más común de lo que se piensa en casos de doble nacionalidad. Uno de los pocos argumentos esgrimidos públicamente por Polonia para justificar la detención fue que González contaba con documentos de identidad a nombre de personas diferentes.

Desde entonces, el calvario por el que está pasando la familia de González no ha hecho sino agravarse. El periodista no sólo lleva seis meses encarcelado, sino que sigue en aislamiento, con contactos por carta muy-muy puntuales. En seis meses, no ha podido recibir la visita de su mujer, Oihana Goiriena, ni siquiera la de su abogado, Gonzalo Boye, a quien todavía no han dejado personarse en el caso. Seis meses sin abogado de confianza. La única visita que ha podido recibir es la del cónsul español, quien apenas ha dado explicación alguna en un caso por el que el gobierno de Pedro Sánchez trata de pasar a todas luces de puntillas. Polonia, no lo olvidemos, forma parte de la Unión Europea (UE).

Esta misma semana, a petición de la fiscalía, los tribunales polacos han prorrogado por tres meses más el encarcelamiento de González en las mismas condiciones. Familia y abogado presentan la decisión como un intento de doblegar la voluntad de González para que se autoinculpe. Si tuviesen alguna prueba para procesarlo y condenarlo, ya lo sabríamos, ha señalado su letrado, quien insiste en que en un juicio justo y con garantías no supondría una amenaza para su defendido.

Pero el problema aquí es que hablamos de Polonia, un país con un sistema judicial que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), no es capaz de garantizar un juicio justo. Este tribunal comunitario, que emana del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha condenado hasta en seis ocasiones a Polonia por su falta de independencia judicial, situación que se ha agravado a raíz de unas reformas en las que el Poder Judicial se ha visto expuesto a la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y su independencia se ha encontrado considerablemente debilitada, según se lee en la última sentencia del TEDH, de marzo pasado.

Esas reformas han generado un litigio importante entre el país centroeuropeo y las instituciones de la UE, ya que la respuesta del Tribunal Constitucional de Polonia a los diferentes expedientes abiertos en Bruselas ha sido sacar, de facto, al país del ordenamiento jurídico europeo, al establecer que el derecho polaco prima sobre el derecho comunitario. Es un misil a la línea de flotación de la arquitectura jurídica europea, basada en la cesión de soberanía que los estados hacen a las instituciones comunes. La Comisión (Europea) tiene serias dudas sobre la independencia e imparcialidad del Tribunal Constitucional (polaco), porque ya no cumple los requisitos de un tribunal establecido previamente por ley, señala la última nota de las instituciones europeas sobre el litigio con el país gobernado desde hace años por fuerzas conservadoras ultracatólicas.

La persecución de los pocos magistrados que han alzado la voz en contra de las intromisiones del gobierno en el Poder Judicial fue recogida por Amnistía Internacional en su informe de 2021. Robespierre caminaría el solo a la guillotina escuchando hablar a Polonia de separación de poderes.

La guerra lo ensucia todo y nubla la vista. Si lo que está ocurriendo con Pablo González estuviera sucediendo en Rusia o en Bielorrusia, el escándalo sería notable en toda Europa, con razón. Pero a este lado del reconstruido telón de acero, del lado de la democracia, el estado de derecho y las libertades, un caso como el que nos ocupa es demasiado incómodo. Como consecuencia, conviene ignorarlo y esconderlo bajo la alfombra. No es incompatible, sin embargo, denunciar la invasión rusa de Ucrania y afirmar, sin demasiados complejos, que Polonia no es un régimen democrático que pueda garantizar un juicio justo a Pablo González.