Si la Suprema Corte elimina la prisión preventiva oficiosa para presuntos responsables de delitos graves, propiciaría que los acusados escapen o continúen delinquiendo, y expondría a la violencia a víctimas, testigos y jueces, enfatizó ayer el gobierno federal.

En ese escenario, también surgiría el riesgo de que impartidores de justicia pudieran incurrir en actos de corrupción, señaló un comunicado en el cual la administración de Andrés Manuel López Obrador fija su posición oficial ante el debate sobre el tema, que el máximo tribunal abrirá en los próximos días.

Por ello, el gobierno solicitó que la Corte se incline por mantener esa medida cautelar para todos los delitos considerados graves, tal y como hoy lo establece la Constitución.

La postura oficial está firmada por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos.

El comunicado se difundió la tarde de ayer en respuesta a la instrucción que giró el mandatario por la mañana, durante su conferencia diaria. López Obrador manifestó ahí que en caso que la SCJN apruebe suprimir esa medida cautelar para los delitos graves, sobrevendría impunidad y corrupción.

Está previsto que el 5 de septiembre la SCJN analice el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que apunta a eliminar la prisión preventiva oficiosa en 19 delitos, bajo el argumento de que viola los derechos humanos en los términos de tratados internacionales a los cuales está adherido México.

Conforme al proyecto, se dejaría a los jueces penales en libertad de decidir, caso por caso, a quién se debe sujetar a prisión preventiva mientras se le juzga.

El gobierno de López Obrador promovió en 2019 una reforma que amplió el número de delitos graves que ameritaban este tipo de privación de la libertad.

En la discusión actual, el gobierno dijo que “es fundamental la existencia de la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos, para asegurar que los presuntos criminales, a quienes se les detiene por delincuencia organizada, delitos graves del orden común o delitos de cuello blanco, no se sustraigan de la acción de la justicia durante el proceso penal, tomando en consideración que, en muchas ocasiones, detenerlos implica un gran esfuerzo del Estado en recursos, inteligencia y despliegue de fuerzas.

Agregó que se trata de evitar, de igual manera, que evadan la acción de la justicia; que, en represalia por su detención, atenten contra la integridad de las víctimas o amenacen o poner en peligro a testigos, o que sigan cometiendo delitos y dirigiendo actividades criminales.

Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura, argumentó el gobierno.

Pedimos al máximo tribunal que, al momento de resolver los asuntos mencionados, considere la seguridad pública del país, a las víctimas de los delitos, el combate a la impunidad y el enorme esfuerzo que implica la persecución criminal donde participan fuerzas federales y estatales, así como las fiscalías locales y la Fiscalía General de la República, y que, en consecuencia, prevalezca la prisión preventiva oficiosa, tal como lo establece nuestra ley fundamental.

Horas antes, el Presidente subrayó que de aprobarse el proyecto del ministro Aguilar, propiciaría la impunidad y la corrupción e instó al Poder Judicial a buscar mecanismos para que la justicia sea expedita para quienes llevan años detenidos sin sentencia, pero no liberar a diestra y siniestra, particularmente a quienes se encuentren detenidos por delitos graves.