El río Bravo, utilizado por productores agrícolas para riego, ha recibido en los últimos seis años 80 mil litros de aguas negras por segundo, lo cual pone en riesgo la salud de la población y los ecosistemas, advirtieron activistas.

Janette Terrazas Islas, integrante del Frente de Defensa del Río Bravo, señaló que este problema ocurre en ambos lados de la frontera, ya que además de los escurrimientos de residuos urbanos del drenaje de Ciudad Juárez, Chihuahua, la empresa pública estadunidense El Paso Water vertió alrededor de 4 mil millones de litros de aguas negras de septiembre a diciembre pasados.

La contaminación en el oeste de El Paso, Texas, dijo, fue ocasionada por la ruptura de dos tuberías de la compañía que conducían desechos tóxicos a plantas tratadoras; en esos cuatro meses de reparación, al menos 37 millones 850 mil litros diarios de aguas negras fueron descargados al río Bravo, cuenca que incluye cinco estados del lado mexicano (Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas) y tres del estadunidense (Colorado, Nuevo México y Texas). En enero pasado la compañía informó de la reparación de las tuberías.

Denuncian negligencia de autoridades de Juárez

En un seminario virtual organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, Terraza Islas denunció la negligencia de la junta municipal de agua y saneamiento de Ciudad Juárez, ya que no repara las tuberías del drenaje y éstas se desbordan.

En esa zona fronteriza, aseguró, además de afectar cultivos de algodón y alfalfa, hubo muchas personas que enfermaron o se intoxicaron con metales pesados del río; además, las compensaciones que reciben los pueblos afectados vienen de Estados Unidos. Sostuvo que hubo casos de malformaciones genéticas.

Además, la contaminación del río Bravo amenaza el hábitat de aves nativas y migratorias provenientes de Sudamérica.

La activista indicó que el frente –integrado por académicas, activistas y artistas– presentó recientemente una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para remediar las descargas de sustancias tóxicas.