a sacudida pandémica ha sido brutal y los coletazos por la guerra en Ucrania –especialmente la inflación, la crisis energética y la ruptura de la cadena de abasto– dislocan cualquier posibilidad de lograr una recuperación sólida y sostenida. Así, el panorama económico y social para América Latina no es precisamente alentador, aunque la región, contra viento y marea, intenta dar la batalla, en un contexto en el que sus principales socios comerciales (Estados Unidos, China y la Unión Europea) enfrentan sus propios desbarajustes.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) divulgó su análisis anual sobre la región, en el que estima un crecimiento promedio de 2.7 por ciento para el presente año, aunque revela casos sorpresivos, como el de Venezuela, con un crecimiento de 10 por ciento, luego de años de caída libre.

En este tenor, México, en 2022, ocuparía el peldaño número 16, de 20 posibles, en la escalera del crecimiento económico regional, lugar compartido con Chile, con un pronóstico de 1.9 por ciento, por arriba de la mayor economía latinoamericana, Brasil, con 1.6 por ciento. En el presente año, los ganadores serían –como se cita– Venezuela (10 por ciento), Panamá (7), Colombia (6.5) y República Dominicana (5.3). En sentido contrario, Paraguay (0.2) y el perpetuamente hundido Haití (-0.2).

La lectura que hace la Cepal sobre el contexto latinoamericano dice así: los países de la región enfrentan un panorama económico y social muy complejo en 2022. A un mal desempeño del crecimiento económico se suman fuertes presiones inflacionarias, bajo dinamismo de la creación de empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas sociales. Esta situación se ha traducido en grandes desafíos para la política macroeconómica, que debe conciliar políticas que impulsen la reactivación económica con políticas dirigidas a controlar la inflación y dar sostenibilidad a las finanzas públicas.

Por si fuera poco, a ese complejo escenario se agrega que la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania ha ocasionado crecientes tensiones geopolíticas, menor dinamismo del crecimiento económico, menor disponibilidad de alimentos y aumento en el precio de la energía que han incrementado las presiones inflacionarias que venían produciéndose como resultado de los choques de oferta generados por la pandemia.

Algo más: durante el año se espera una caída de la demanda externa que enfrenta la región. Antes de la guerra en Ucrania, ya se estaba produciendo una desaceleración de la actividad económica y se pronosticaba que en 2022 el PIB mundial crecería 4.4 por ciento, en comparación con 6.1 en 2021. Como consecuencia de la guerra, se espera que el PIB mundial crezca 3.1. En Estados Unidos, se pronostica un avance de 1.7, muy por debajo del 4 que se esperaba antes del inicio del conflicto. También en la zona del euro la baja fue considerable y se proyecta un crecimiento de 2.6, cifra 1.4 puntos porcentuales menor que la proyectada antes del comienzo de la guerra. En China, la economía se ha desacelerado marcadamente (más de 8 por ciento en 2021, contra cerca de 4 en 2022).

En materia de productos básicos, el conflicto en Ucrania intensificó la dinámica de precios alcistas observada desde la segunda mitad de 2020, haciendo que algunos de ellos alcanzaran niveles históricos. Se prevé que en 2022 los precios estén, en promedio, 21 por ciento por encima de los de 2021. Los productos energéticos son los de mayor alza: 55 por ciento.

La inflación promedio global alcanzó 7.2 por ciento en mayo pasado, nivel que no se registraba desde mediados de 2008, en plena crisis económica y financiera mundial. Por su parte, la inflación promedio de las economías emergentes alcanzó 7.1 y la de las economías avanzadas 7.5. Entre éstas, la de Estados Unidos alcanzó un máximo en 40 años (9.1) en junio de 2022, mientras en la zona del euro llegó a 8.6, concluye la Cepal.

En síntesis, la sacudida aún no acaba.

Las rebanadas del pastel

Lo que el pútrido cuan perverso circuito (político-económico-mediático-judicial) de la derecha argentina pretende hacerle a Cristina Fernández de Kirchner es un golpe de Estado disfrazado de legalidad, pues intenta aplicar la misma fórmula utilizada en contra de López Obrador en 2004-2005 (fallida, por cierto), Lula y Dilma. Quiere condenarla con calificativos, no con pruebas, a 12 años de prisión y, lo más importante, inhabilitarla para las presidenciales de 2023. Pero juega con fuego, porque el apoyo popular es impresionante.

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