Si bien el gobierno federal no dio a conocer los nombres de 33 personas de las que tienen elementos suficientes para determinar responsabilidad penal por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en su informe presentado el jueves, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia señala que en la puesta en marcha de la llamada verdad histórica, además de Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, y Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, participó Rodrigo Archundia, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Asimismo, Hugo Ruiz, quien fue encargado de despacho de la Seido, y Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro.

El término verdad histórica, adoptado por Murillo Karam, se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, Guerrero, lo que fue desmoronado por el actual gobierno, cuyas investigaciones arrojan que a los jóvenes se les separó al menos en tres grupos.

En el documento público, la comisión expone que los enlaces operativos para desarrollar la investigación de la administración pasada fueron, por parte de la Secretaría de Marina, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, en ese momento jefe de la Unidad de Operaciones Especiales, y el ex titular de la Unidad de Inteligencia Naval almirante Eduardo Redondeo Arámburo. En cuanto al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se señala a José Miguel Espinoza Pérez, delegado en Guerrero.

Por la Policía Federal se menciona a quien en ese momento era el comisario Omar García Harfuch (actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México) y Manelich Castilla, ex comisionado Nacional de Seguridad, así como el entonces comandante de la zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra, y el ex policía federal ministerial Carlos Gómez Arrieta.

En cuanto al gobierno de Guerrero, se señala al ex gobernador Ángel Aguirre, así como al ex procurador general de justicia del estado Iñaki Blanco; el ex secretario de seguridad pública Leonardo Vázquez Pérez y quien era coordinador de proyectos estratégicos, Ernesto Aguirre.

Por parte de servicios periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión de la Verdad señala a Sara Mónica Medina, y de comunicación social de Presidencia de ese momento, a Eduardo Sánchez.

La comisión también indica que la información obtenida sobre denuncias, lugares de búsqueda y procesamiento relacionados con la llamada verdad histórica fue aportada por el Ministerio Público Federal. El procesamiento de los datos, así como la extracción telefónica, estuvo a cargo del cuerpo técnico de la Seido, y la información remitida al presidente Enrique Peña Nieto era enviada por la oficina de la PGR.