no de los mensajes más poderosos que puede lanzar un presidente –especialmente en la educación– es el de los nombramientos en su gabinete. Es una manera de fijar el horizonte, mostrar hasta dónde alcanza la visión concreta que tendrá la acción del Ejecutivo. Recién electo el presidente López Obrador, el virtual secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, en una entrevista dejó ver lo que vendría después: una profunda reticencia a cambiar a fondo la educación que se había construido a partir de los años 90.

Así, al tocar el tema de la evaluación de los docentes –que en el periodo 2012-2018 había sido la chispa de la rebelión nacional del magisterio– planteó que habría una nueva evaluación no punitiva y que para diseñarla se hablaría con los integrantes del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Más tarde, nombró como subsecretario de Educación Básica a un ex miembro del mismo instituto y con esto dejó ver por dónde andaban los límites cognitivos y de acción que tendría la 4T respecto de la reforma del sexenio peñista: no abandonaría el camino, sólo desandaría lo menos posible. Había incluso una clasista incomprensión de la profundidad de la rebelión y sus motivaciones de abandono y persecución. Y esto a pesar de que con su terca resistencia desprestigió por completo el sexenio de Peña Nieto, al PRI y a cualquier otra opción electoral que no fuera López Obrador.

Alguien debió haber advertido que para que fuera mínimamente creíble la 4T no podía dejar viva la agresiva concepción de la relación entre los maestros y el Estado, y que había que desmantelar el aparato de evaluación del anterior sexenio. De ahí que se reduce a la modesta, pero aún eficaz Usicamm (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros), que permite rescatar al menos la continuidad de la subordinante evaluación como unilateral facultad gubernamental (ni social, ni magisterial). Y hace posible además establecer una Ley General de Educación Superior que no sólo preserva la evaluación, sino que alienta a dar pasos cada vez más excluyentes y clasistas en las instituciones. Como el que denuncia César Iglesias en el Instituto Politécnico (IPN: la exclusión de los más pobres La Jornada, 19/8/22) ) y el que se plantea como posibilidad en la UAM en mi entrega anterior (6/8/22). Dicha ley, por cierto, hace legal también la demora infinita para establecer la gratuidad y la arbitraria y unilateral determinación de los requisitos –como ejemplifica también el caso IPN– para el ingreso a la educación superior. Se creó un clima que hizo posible el nombramiento de la maestra Defina Gómez, cuya presencia en la SEP no tuvo una función decisiva en la educación, y el nombramiento de la maestra Leticia Ramírez, que parece ofrecer que toda queja y propuesta será tratada con cortesía y diligencia extremas, pero no mucho más. Con esto se abrirá aún más una fuerte contradicción en la educación.

Para entender esto último es útil traer a la memoria el desencuentro que en 1992 se suscitó entre el entonces presidente Salinas y su secretario de Educación, Ernesto Zedillo. El rector de la UNAM quería elevar las cuotas a los estudiantes y eso abrió una importante división interna. El presidente no estaba de acuerdo con el alza, pero el secretario Zedillo sí. “La introducción de cuotas –decía– es fundamental para desatar procesos trascendentes de reforma en la educación superior, porque dan pie a una nueva relación entre la comunidad de estudiantes... y la institución, como ha quedado acreditado en casos como el de la Universidad de Nuevo León y Chihuahua”. Pero, le aseguraba al presidente: como siempre acataré estricta y entusiastamente sus instrucciones (en Salinas de Gortari, 2000: México. Un paso difícil a la modernidad: 641-644). El presidente, finalmente, decide no impulsar el alza y Zedillo queda mal y molesto.

Parecería que hoy estamos en medio de un episodio similar, pero ahora ya la contradicción no importa. Hace cinco días el Presidente criticó una vez más la práctica de los exámenes de selección. Y dijo, hablando de las instituciones, limitaron la entrada en las universidades públicas con la mentira de que los jóvenes no pasaban el examen de admisión, cuando no es así, sino que no hay espacio, no hay cupo por falta de presupuesto y mal manejo de este como sucedía en el Conacyt. (Olivares y Urrutia, La Jornada 16/08/22). Pero la SEP los mantiene como condición para la entrega de recursos extraordinarios. Y la contradicción resulta incluso muy útil. Porque mantiene la eficacia del discurso antineoliberal, pero deja en paz a las instituciones y obliga a que paguen el costo quienes siempre están en desventaja para ingresar a la educación superior. Sin embargo, la trayectoria de la nueva titular de la SEP más que resolver ofrece sólo atender. ¿Igual con el marco curricular? ¿Con la Usicamm? ¿Con Ayotzinapa?

* UAM-Xochimilco