Para llegar a las conclusiones preliminares de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, sus miembros consultaron 41 mil 168 documentos proporcionados por 15 dependencias federales y estatales, 17 mil de ellos archivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en las regiones, zonas y batallones militares en Guerrero y su área de inteligencia.

Entre los documentos también destaca la información solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre la intervención de comunicaciones por parte de Washington a miembros de la organización criminal Guerreros Unidos durante los días de los hechos y que fue entregada a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca).

Se revisaron 17 mil 20 audios y transcripciones de intervenciones de comunicaciones proporcionadas por la Dirección de Inteligencia de la Guardia Nacional del seguimiento a 133 sujetos entre el 26 y 30 de septiembre de 2014.

Se obtuvo testimonio de 115 personas implicadas de alguna manera en el caso, entre ellos individuos privados de su libertad, perpetradores que fueron liberados por haber sido objeto de tortura, perpetradores detenidos por delitos diferentes al caso, ex funcionarios federales, estatales y municipales, testigos, colaboradores y familiares.

A la fecha se han realizado 101 acciones de búsqueda en siete municipios de Guerrero: Cocula, Eduardo Neri, Huitzuco, Iguala, Taxco, Tepecoacuilco y Totolapan, sumando 675 jornadas de trabajo.

En 17 de estas acciones se recuperaron 27 cuerpos y más de mil restos, 32 fueron enviados al Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Innsbruck, en Austria, lo que permitió la identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz, Christian Alfonso Rodríguez y Alexander Mora.

Al mismo tiempo se dio seguimiento al análisis forense de las fiscalías de la República (FGR) y del estado de Guerrero de 245 cuerpos rescatados en fosas clandestinas por instituciones y colectivos de familias buscadoras de Iguala y otros municipios. Se logró identificar a 30 y 16 ya fueron entregados a los familiares, ninguno coincidió con el ADN de los normalistas.

Dentro del proceso de judicialización, para febrero de 2022 la Ueilca había solicitado 110 órdenes de aprehensión, de las cuales 98 fueron otorgadas, lo que ha permitido la detención de 112 personas involucradas en los hechos, entre quienes se encuentran integrantes de Guerreros Unidos, ex funcionarios públicos y un militar.