Nueva York., El ex jefe de finanzas de la empresa de Donald Trump se declaró culpable de fraude fiscal y prometió cooperar con el gobierno en el juicio contra la empresa de Donald Trump a cambio de una condena reducida de prisión, mientras un juez abrió la posibilidad de hacer públicos más detalles de la investigación federal contra el ex mandatario por posibles delitos por su manejo de secretos oficiales de Estados Unidos, al mismo tiempo que proceden varias otras pesquisas en torno al ex presidente y sus cómplices.

Las múltiples indagatorias y demandas legales (17 en total) en torno a Trump generan noticias casi todos los días, cada paso evaluado sobre las implicaciones legales y políticas para el magnate, su familia y sus cómplices, como para el país. Con ello, de cierta manera, el ex gobernante mantiene casi como rehén la disputa política por el futuro de Estados Unidos, algo acompañado por ominosas amenazas de violencia de sus fanáticos.

En torno a la investigación sobre si Trump violó por lo menos tres leyes federales por el manejo de documentos oficiales secretos, incluyendo la Ley de Espionaje –la cual condujo al cateo de su residencia privada en Florida por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el pasado 8 de agosto provocando un temblor entre la cúpula política y un feroz debate por la acción sin precedente– un juez federal en Florida indicó ayer estar inclinado a ordenar a por lo menos hacer pública una parte del documento elaborado por el Departamento de Justicia para justificar ese cateo.

El togado Bruce Reinhart, quien aprobó el allanamiento, ordenó al Departamento de Justicia a entregar en una semana una versión censurada del documento preparado por los fiscales con el fin de evitar revelar información delicada o que pudiera dañar la investigación en curso.

El juez indicó que ante exigencias de medios –un grupo de los cuales presentó la solicitud para hacer públicos los documentos del caso– y políticos por mayor información sobre las razones para justificar el cateo, donde la FBI se llevó unas 20 cajas, incluyendo 11 series de documentos clasificados, algunos marcados como confidenciales, opinó que hay partes del documento de los fiscales que se puede hacer públicas.

Posible obstáculo a la labor de testigos

Justicia se opone argumentando que no sólo podría revelar la ruta del caso, sino también tendría un efecto negativo para la cooperación de testigos en el futuro.

Sin embargo, expertos suponen que aunque se comparta una versión pública no se espera que se revele ningún dato o información crucial hasta que se formulen y presenten cargos formales, si es que llega a ese punto.

Pero ayer hubo información que se reveló en los documentos presentados ante el juez para argumentar el caso: la posible violación de la Ley de Espionaje por Trump está relacionada con su retención a propósito de información de defensa nacional, lo cual implica que existe evidencia de que le fue ordenado entregar el material en su posesión a las autoridades y no lo hizo.

Además, indica que esa pesquisa aún está en sus primeras etapas.

Mientras, el juez Reinhart ha recibido amenazas desde que autorizó el cateo, incluyendo varios mensajes antisemitas, a la vez que el Departamento de Seguridad Interna y la FBI advierten de amagos violentos contra agentes federales.

Weisselberg implica a la compañía del millonario

En Nueva York, el ex jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg –quien trabajó en la empresa por casi medio siglo– se declaró culpable de 15 cargos de fraude criminal de impuestos e implicó directamente a la compañía por maniobras ilegales de fraude fiscal. A cambio de sus declaraciones de culpabilidad y bajo condición de que coopere con las autoridades en el juicio contra la Organización Trump programada para octubre, se espera que sea condenado a sólo cinco meses de cárcel. Sin embargo, hasta la fecha, aunque la corporación de Trump enfrenta cargos, el ex mandatario no está acusado de ningún delito y Weisselberg ha rehusado a implicar a su ex jefe. Eso a pesar de que el ex huésped de la Casa Blanca fue presidente y dueño de esa firma durante casi todos los años –2005 a 2017– en los que Weisselberg cometió sus delitos.