Las diferencias entre Morena y la oposición en la Cámara de Diputados mantienen congelada desde el 5 de octubre de 2021 una nueva ley de juicio político y declaración de procedencia, que buscaba ampliar de cuatro a cinco los integrantes de la sección instructora para evitar empates en las votaciones y agilizar los procesos de desafuero.

En la serie de enredos entre las bancadas, el asunto está depositado en la Comisión de Gobernación, que preside el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en contra de quien la Fiscalía de Campeche, presentó una solicitud de desafuero por presunto enriquecimiento ilícito.

Además, después de que la oposición votó en contra de la reforma eléctrica del Presidente, Morena y sus aliados decidieron hacerle el vacío a Alito y los diputados de esas bancadas no se han presentado a las sesiones ordinarias de la comisión, como ocurrió el martes.

El escenario para el desafuero de Alito se complica porque, a un año del inicio de la 65 Legislatura, los coordinadores parlamentarios no han decidido la integración de la sección instructora y el juicio de procedencia tendría que resolverse con las disposiciones vigentes, que incluye su conformación por cuatro diputados, de los cuales dos le corresponden a Morena, uno al PAN y otro al PRI.

En caso de empate, irá al pleno

En caso de que en la votación del dictamen haya empate, el expediente se turnaría directamente al pleno de la cámara, para que resuelva.

La nueva ley fue propuesta el 21 de julio de 2021 por Morena, donde se incluía la regulación del proceso para actuar penalmente contra un presidente de la República, y el dictamen fue aprobado por la anterior Comisión de Gobernación, en agosto de ese año, dos semanas antes de que terminara la 64 Legislatura.

Morena y sus aliados trataron de empujar un periodo extraordinario para aprobarla, pero las diferencias que mantiene con el resto de los partidos impidieron un acuerdo y la pasada legislatura cerró sin resolver el tema.